Agencias
La juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, que benefició con la detención domiciliaria a las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, acusadas por el caso Fondo Indígena, tiene relación con el partido de Gobierno desde 2008, cuando ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional para trabajar como asesora de la brigada parlamentaria de La Paz, con la bancada del oficialismo.
El exdiputado Filemón Aruni, que presidió la brigada parlamentaria de La Paz en ese año, confirmó que Belzu fue parte de esta instancia legislativa como asesora externa y que permaneció hasta la finalización de ese particular periodo constitucional, porque la gestión de cinco años fue reducida a cuatro por la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado.
“Yo la invité a trabajar conmigo porque era de la región, ella es de Sorata y yo era diputado de la circunscripción 19. Trabajó en la brigada parlamentaria como asesora externa”, señaló el exlegislador del MAS.
Pero luego del acortamiento de mandato de todas las autoridades, la entonces abogada Wiat Belzu retornó al Legislativo y esta vez como asesora de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
El trabajo que realizó estaba bajo el mando del entonces diputado Wilfredo Calani, quien presidía el comité de Ministerio Público y fue de las primeras que conoció la denuncia en contra del entonces magistrado Gualberto Cusi.
“Nosotros estábamos como parte de ese comité y en esa condición llegó la denuncia (contra Cusi) y tuvimos que tratar el caso. Ella trabajaba como asesora del comité”, dijo el exdiputado cuando fue abordado por EL DEBER por este tema.
Belzu trabajó durante la gestión 2014 como asesora de esta instancia legislativa, de acuerdo con la explicación del exdiputado.
EL DEBER buscó por cuatro días consecutivos a la abogada Wiat Belzu en sus oficinas y en el teléfono celular que tiene registrado, pero nunca contestó las llamadas ni respondió las consultas
Algunos de los abogados defensores de los acusados incluso refirieron que Wiat Belzu trabajó como asesora de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, pero este extremo no pudo ser verificado a plenitud y con dirigentes de esa organización que hubieran trabajado con la juez.
En el Consejo
Los dirigentes del MAS afirmaron que después del legislativo la abogada Belzu logró ingresar al Consejo de la Magistratura y poco tiempo después, ya en 2015, fue asistente de la delegada departamental del ente judicial, Mónica Limachi, a quien acompañó en su gestión, que duró un año.
El paso por estas oficinas también tuvo dificultades porque Limachi tuvo una gestión áspera con distintas autoridades y terminó enfrentada con la entonces ministra de Justicia, Virginia Velasco.
Finalmente, esa autoridad tuvo que dejar la oficina porque fue destituida del cargo y ella denunció un complot en su contra. Fue en febrero de 2016, poco después del referéndum constitucional, cuando el nuevo delegado ingresó a las oficinas y encontró afiches del Sí con las imágenes de Evo Morales y Álvaro García Linera. Belzu dejó el cargo pero permaneció en el Consejo de la Magistratura.
De hecho, el 7 de noviembre de 2016 presentó su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado y refirió que trabaja en el Consejo de la Magistratura, con un salario de 11.533 bolivianos.
En 2016, el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal tuvo muchos problemas y los jueces que eran posesionados también fueron destituidos. Primero fue la jueza Lía Cardozo, que enfrentó una denuncia de consorcio y fue retirada del cargo y el caso Fondo Indígena cambió a manos del juez Enrique Morales, que también fue destituido por denuncias en su contra.
De ese modo, luego de muchos problemas, la abogada Wiat Belzu fue designada jueza Segundo de Instrucción en lo Penal y el caso Fondo Indígena llegó a sus manos. También recibió los pedidos de cesación a la detención preventiva que ya venían ensayando los abogados defensores de todos los detenidos de este caso.