Por Ramón Grimalt
Hace unas horas recibí un correo electrónico. El remitente se tomó el tiempo necesario para escribir un par de líneas con un mensaje claro: “necesitamos ayuda”.
Lo leí dos veces; la segunda despacio, tratando de entender el contexto y enseguida me acordé de que El Tordoya estuvo dos veces en El Abra por robo agravado y, sin oficio ni beneficio, se vio en la calle durmiendo bajo unos cartones y comiendo del “machete”, es decir lo que las caseras de los mercados le regalan para que durante el día se vaya bien lejos, a la cancha o a inmediaciones de la Coronilla donde no tenga la tentación de aprovechar el descuido y beneficiarse de los incautos.
Pero en esta ocasión, aquel hombre de rostro ajado por el sol y el frío, y el torso recorrido por decenas de cicatrices de todo tamaño y color, recurrió a una dirección electrónica y buscó a su “amigo periodista” porque “la Policía nos quiere sacar de las calles porque somos maleantes”. A día de hoy aún no le he contestado y es probable que no lo haga; comentaré brevemente el asunto en televisión y esperaré acontecimientos como corresponde. Asumir compromisos sociales desde el periodismo me parece una práctica hipócrita que sólo sirve para el lucimiento personal de quienes aspiran a brillar con las luces de un escenario cuando la esencia de esta profesión es el manejo y la administración de la información. Tal cual.
Sin embargo, El Tordoya se merece que recuerde a las autoridades departamentales, municipales y policiales de Cochabamba que las personas en situación de calle tienen plenamente vigentes sus derechos humanos y que la represión de menores y adultos no es aceptable en un Estado de derecho. Sé y me consta, por otro lado, que la Alcaldía cuenta con una oficina de bienestar social que aplica una política de asistencia a este sector vulnerable de la población coordinando su trabajo con organizaciones no gubernamentales como Estrellas en la calle. Estos programas en pleno desarrollo se verían abruptamente entorpecidos de prosperar los operativos policiales cuyo argumento es el combate frontal contra el delito. Sería absurdo y cándido de mi parte afirmar que las personas en situación de calle no delinquen; conozco varios de ellos que se dedican al micro tráfico de estupefacientes. El punto es que también son consumidores y necesitan las condiciones necesarias para una rehabilitación. Detenerlos y mandarlos a una cárcel no hace otra cosa que acentuar el problema en el ejercicio de la administración de una justicia punitiva que contradice una corriente cada vez más en boga en el Derecho que apuesta por la justicia restaurativa.
El concepto incide en que cualquier persona que haya cometido un delito debe tener una segunda oportunidad y, a partir de ésta, servir a la sociedad que en su momento ofendió reparando el daño cometido. El debate reside en quiénes merecen ese beneficio y en ese aspecto tan puntual todavía no existe un consenso entre los juristas. Claro que explicárselo a El Tordoya es una tarea por demás compleja cuando la única ley que respeta y observa con religiosidad es la de la calle. Ya lo veo ahí, al pie del Cristo de la Concordia, dirigiéndose a sus camaradas tratando de decirles todo eso de las oportunidades, los derechos civiles y la rehabilitación mientras Dani, Waltico y Montes lo miran de soslayo sabedores de que para ellos quizás ya pasó el último tren.