ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA
(el Periódico – Septiembre 20/2017) Por la adulteración de productos entregados a las personas adultas mayores es la denuncia interpuesta por la Gobernación en contra de la Subgobernación de Cercado, por lo que fueron realizadas una serie de operativos policiales para allanar las oficinas del programa, aunque sin éxito, actos que según el subgobernador, Jhonny Torres Terzo, son parte de una persecución política.
El director de Transparencia de la Gobernación, Waldo Tarifa, presentó una denuncia en contra de la Subgobernación de Cercado, argumentando que los adultos mayores que se están beneficiando con la canasta alimentaria, estarían recibiendo productos adulterados.
El subgobernador Johnny Torres, lamentó las declaraciones de este funcionario, indicando que ese tipo de acciones obedecen a una “persecución política” por oponerse a los planteamientos de la actual gestión departamental.
Tarifa explicó que la denuncia no surge de la Gobernación, sino de la empresa Sindan Organics S.R.L., que es la proveedora de quinua orgánica para la canasta.
Esta empresa habría denunciado que el producto para la actual canasta fue falsificado por la Subgobernación, sin ser de esta industria, sino que es quinua de “mala calidad”, que no cuenta con la certificación sanitaria.
“La empresa Ecofase está entregando a los abuelitos un producto que fue adulterado, se nota en la etiqueta, este producto que se da contiene a primera vista diferentes impurezas, como semillas y palitos”, denunció Tarifa.
Indicó que el producto original tiene un peso exacto de 200 gramos y en las bolsas que entregan en dicho programa hay diferentes pesos entre 170 y 260 gramos.
“Ante esta denuncia, debemos actuar de inmediato, no se trata de que estamos dirigiendo a una persona en particular, sino que nos encontramos obligados a proteger la salud pública y en este caso, un sector vulnerable como es de los adultos mayores”, aseguró.
Tras la denuncia presentada por el director de Transparencia, el Ministerio Público realizó los allanamientos de todos los puntos de entrega de la canasta alimentaria.
En estos allanamientos fueron secuestrados paquetes de quinua.
Después de hacer el análisis por los peritos, estos redactaron un acta donde aclaran que ninguno de los paquetes del mencionado producto secuestrados estaba o contaba con las características de adulteración.
“Llama poderosamente la atención la denuncia que presentaron, que obedece a una persecución política de la Gobernación en mi contra, pero que no me hace daño a Johnny Torres, sino a los adultos mayores”, lamentó Torres.
El subgobernador asegura que habló con la propietaria de la empresa que aparece como denunciante, según la Dirección de Transparencia de la Gobernación, quien le dijo que no interpuso ninguna denuncia en contra de la Subgobernación.
Desde la empresa indicaron que recibieron llamadas de personas que les dijeron que sus productos estarían siendo adulterados, por esta razón, enviaron a sus abogados para que hicieran una investigación.
“Lamentablemente, el director de Transparencia que debió actuar imparcialmente lo hizo de una forma política”, acotó Torres.
Torres, aseveró que las acciones asumidas por la actual administración de la Gobernación fueron para desprestigiar el programa de la Subgobernación de Cercado, con el fin de hacerse cargo de la administración del mismo, como pretendió anteriormente con la presentación del presupuesto departamental 2018, que finalmente fue ajustado por la Asamblea.
Tras los allanamientos, la entrega de la canasta alimentaria a los adultos mayores fue suspendida hasta que sea solucionado este proceso.
La canasta alimentaria es un beneficio social que es entregado mensualmente mediante ley departamental a las personas adultas mayores.
La distribución de los productos que deben ser de alto valor nutricional está a cargo de las subgobernaciones, aunque la Gobernación pretende cambiar la administración del programa, al asegurar que existen irregularidades.
El subgobernador de Cercado afirma que al día entregan entre 1500 y 2000 canastas alimentarias.
Los allanamientos fueron realizados sin una orden judicial.
Torres anuncia proceso en contra de la empresa Sindan
En complemento, el subgobernador Johnny Torres, acotó que no descarta la posibilidad de iniciar un proceso legal a la empresa Sindan, porque no había firmado ningún contrato con la misma, indicando que se habría prestado al juego político de la Gobernación con el fin de favorecerse con la entrega.
Torres enviará una nota a la Asamblea Legislativa Departamental, solicitando que se pronuncie ante estas acciones de “persecución política” de la Gobernación en contra de los subgobernadores que fueron electos por el voto popular.
La Fiscalía no pudo realizar el allanamiento en un domicilio ubicado en la zona de Morros Blancos, lugar donde se presume se estaría realizando el envasado de la quinua adulterada, según refiere la denuncia. Este acto no fue realizado ante la falta de una orden judicial. (eP).