Por Ramón Grimalt
Me cuentan, en medio de un delicioso almuerzo dominical, que la economía tarijeña atraviesa por un periodo de recesión. Los locales de la plaza Luis de Fuentes sólo se llenan los fines de semana cuando los visita el turismo, pero la población dedica sus espacios de ocio a otros menesteres que no impliquen una pizza de cuatro porciones a treinta y cuatro bolivianos. Es comprensible, entiendo, en época baja, invernal; las bajas temperaturas tampoco invitan a sentarse en una terraza ni siquiera a tomarse un café, pero no es menos cierto que se ve menos gente en las tiendas legalmente establecidas, aquellas que emiten factura, mientras los negocios que circundan al mercado Campesino, calle Cochabamba y aledaños, registran una notable actividad. Nada nuevo, dirá usted.
Es, sin duda, el imperio de la informalidad, del menudeo y el regateo, de la compra por debajo del tapete y la feria de la Víbora Negra; la crónica de la muerte anunciada del comercio legal. Lo interesante de ello, más allá de una lectura económica que dejo a los especialistas en la materia, es que el país ha adoptado una política para enfrentar el contrabando que sólo se ve por televisión, cuando se anuncia a los cuatro vientos el decomiso de tal o cual cantidad de productos. La realidad, naturalmente, es otra donde las fronteras se presentan como vulnerables. Basta echar un vistazo a la situación en Yacuiba y Bermejo, el negocio detrás de los bagalleros y la respuesta de las autoridades nacionales y su contraparte que hace la vista gorda por la cuenta que les trae. Lo mismo, con algunos matices, sucede en Pando y Beni; lo comprobé en Guayaramerín donde se contrabandea todo tipo de producto desde Brasil. Y qué decir de Desaguadero un rincón patrio de tránsito y ya que estamos, Tambo Quemado y las poblaciones fronterizas con Chile que manejan miles de dólares en mercancía. Por lo visto a un lado y otro de los hitos existen intereses creados que mantienen en plena vigencia el contrabando como un negocio altamente lucrativo.
El problema es muy grave aunque se minimice. Empresarios privados, medianos y pequeños productores no se cansan de repetirlo y denunciarlo, mientras desde el Gobierno se emiten mensajes tranquilizadores. La pregunta obligada, necesaria, fundamental, es por qué no se aplica la ley y se pone un candado a la frontera que impida, por ejemplo, el ingreso de ropa usada cuya venta supone una puñalada por la espalda a la industria nacional. La respuesta, a mi modo de ver, es demoledora: porque hay demasiado dinero comprometido en este asunto.
La paradoja es que en Chile y Argentina existe una política muy estricta para controlar el contrabando y proteger de ese modo a su industria. Esto no quiere decir que no se vendan productos de origen dudoso, ni que una parte del negocio se controle en una oficina de Santiago o Buenos Aires; se trata de que su industria es tan potente y competitiva que los consumidores optan por el factor calidad-precio lo que no sucede en Bolivia.
A todo esto, aquí, para variar, la casa sigue sin barrer y las quejas se multiplican desde aquellos que apuestan por un emprendimiento, los mismos que asisten maniatados al surrealista derrotero económico boliviano.