Otra vez el problema se repite sólo que quien lo dice es otra persona, otra autoridad, otro presidente de la Asamblea Departamental pero con un denominador común… la falta de recursos económicos para funcionar. Según la nueva titular del ente legislativo tarijeño, Sara Armella, la gobernación no esta realizando los desembolsos económicos requeridos en el marco del presupuesto de esta institución, lo que está inmovilizando esta instancia en su labor, no sólo de fiscalización sino más bien de legislación. No hay recursos para contratar personal o renovar contratos ni para que las comisiones trabajen con regularidad. Situación compleja que no coincide con la aparente buena predisposición de Adrián Oliva en la reunión de acercamiento de hace algunas semanas después de la tirante relación que prevalecía cuando William Guerrero era presidente de la asamblea, justamente y por situaciones similares, fue él quien abrió la vía para que a través de una ley se reciban directamente los recursos asignados en su presupuesto sin depender de la voluntad de un tercero que puede condicionar esos recursos de mil maneras.
Más allá de los colores políticos que tanto condicionan las conductas de diversos actores, no es admisible que el ente legislativo siga padeciendo de esta manera, más allá de lo tan cuestionado que es el trabajo de los asambleístas, no se puede tener una institución en la que el pueblo tarijeño esta representado que viva estirando la mano, no se puede limitar el trabajo de una instancia cuya tarea, entre otras, es fiscalizar a quien le debe firmar el cheque para que siga funcionando. Luego se puede debatir si los legisladores departamentales trabajan o no, si merecen el sueldo que reciben o si son útiles para Tarija, no podemos olvidar que la autonomía que tanto perseguimos y por la que luchamos nos revela como un instrumento fundamental un nivel legislativo como este, porque es ahí donde el pueblo toma sus decisiones de manera «autónoma», en tal sentido, es un despropósito asfixiar económicamente a la Asamblea y peor aún si lo hace quien debe ser vigilado por sus miembros.
O se busca terminar con estas situaciones que degradan profundamente el ámbito político con un acuerdo serio y responsable o se establecen mecanismos efectivos que rompan cualquier dependencia y que impidan que la entrega de recursos pueda ser usada como un arma de chantaje o condicionamiento. No creemos que eso sea lo que mueve al gobernador pero Oliva es quien debería manifestarse y explicar qué sucede en este recurrente tema. Su silencio podría interpretarse en su contra.