LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico, junio 06/2017) La Gobernación a la cabeza de Adrián Oliva Alcázar, se adhirió al proceso de investigación de la Fiscalía iniciado el año 2013 contra el exgobernador, Mario Cossío Cortez y el actual asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A) Mauricio Lea Plaza Peláez, por el supuesto hecho de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la construcción del tramo Saladito- Serranía Tapecua, en una de las variantes en el camino al Gran Chaco.
Para el asambleísta Lea Plaza, quien fuese secretario en la gestión de Cossío, la adhesión al proceso de investigación por parte de la Gobernación obedece a una “persecución política” contra su persona, al afirmar que él “incomoda” a la actual gestión de Oliva.
Lea Plaza explicó que la licitación del tramo caminero fue lanzada el año 2008, la misma fue declarada desierta por falta de proponentes, por eso el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) ejecutó el proyecto.
En ese entonces, Lea Plaza ejercía el cargo de secretario general de la Prefectura, hoy Gobernación. “No tuve registrada ninguna participación en la gestación, contratación o ejecución del proyecto, era el Sedeca el que estaba a cargo como entidad descentralizada”, argumentó.
Arguyó que la denuncia interpuesta por la gestión de Lino Condori Aramayo, y la querella presentada por la actual Gobernación de Oliva, no cumplen con las formalidades legales mínimas.
“La Fiscalía todavía no presentó acusación, la querella de la Gobernacion es absolutamente oficiosa, típica de un vendetta política”.
Gobernación
El secretario de Justica de la Gobernación, Yamil García Delfín, desmintió las acusaciones de Lea Plaza, respecto a una nueva querella por persecución. “La Gobernación no tiene ningún tipo de interés personal contra Lea Plaza”, aseguró.
Explicó que este proceso data de la gestión 2013, cuando inició una investigación a las exautoridades de la gestión de la Prefectura, por el mal manejo de recursos públicos en un proyecto que se considera como un elefante blanco.
“Habiendo una imputación, lo que corresponde a la Gobernación es cumplir con los actos procesales y formalizar su participación en el proceso”, aclaró el secretario al explicar que de no proceder de esa forma, ingresarías en la figura de incumplimiento de deberes, según las leyes anticorrupción.
Agregó que Lea Plaza sabe que deben respetar los roles procesales establecidos en la ley.
García dijo que si el asambleísta considera que es inocente y que los hechos de imputación no corresponden a la realidad de los hechos, debe de presentar ante el juez sus descargos o pedir al Ministerio Público el sobreseimiento. “En ninguno de los casos la Gobernación es juez para declararlo inocente”, afirmó. (eP).