LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico, mayo 06/2017) “Sí en su momento no he querido hacer públicas estas denuncias es por respeto al núcleo familiar”, dijo la asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Jimena Monrroy Salinas, al momento de nombrar una serie de irregularidades que asegura cometieron los legisladores de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), en la actual gestión.
Las declaraciones son en respuesta a las acusaciones que fueron hechas públicas en contra de su padre, Fernando Morroy, quien es dirigente sindical de los trabajadores de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).
Jimena Monroy indicó que a través de un trabajo de fiscalización encontró un delito de tráfico de influencias por parte de la asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Lourdes Vaca Vidaurre, cuya hija trabajaba en la Gobernación. “Tengo la documentación, el memorándum de asignación y la carta de agradecimiento de servicios que le hicieron a su hija”, acusó.
De la misma manera, denunció que la legisladora de UD-A, María Elena Méndez León, y su hijo el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, por el delito de tráfico de influencias.
“A pesar que somos dos poderes distintos, son del mismo aparato, es por eso que ahora voy a presentar la denuncia a las instancias correspondientes”, apuntó.
En cuanto a la legisladora por UD-A, Mercedes Torrico; Monroy dijo que su esposo, Richard Flores, fue denunciado y está siendo investigado por el supuesto delito de contribuciones y ventajas ilegitimas.
“Hemos tomado conocimiento que el señor Flores estaría haciendo cobros indebidos en el paso de las ‘chalanas’ en Bermejo a través de un convenio que firmó con la Gobernación”.
La asambleísta Vaca desmintió las acusaciones de que su hija trabajaba en Setar, por lo que solicitó a Monroy sostener sus denuncias con respaldo. “No se trate de hacer política con el hígado, hay que hacer con madurez y con responsabilidad”.
Vaca, aceptó que su hija trabajaba en la Gobernación, asegurando que la misma ya no está ejerciendo ningún rol en ninguna institución pública.
Refiriéndose a las investigaciones a las que se somete el padre de Monroy, Vaca indicó que a la asambleísta del oficialismo le corresponde abrir un proceso de transparencia institucional. “Ella debe de adherirse al proceso de investigación”, dijo.
“Los procesos son políticos”
Moroy, aseguró que tanto ella como su padre son objeto de persecución política y que acudirá a instancias legales para responder a las “injurias y calumnias” hechas por parte de la Gobernación.
“Esa persecución y este acoso político llegará a una denuncia ante la Fiscalía, porque esto no se va a quedar así”, advirtió la legisladora departamental.
“Estoy en mi derecho de iniciar el proceso por esta difamación y estas calumnias”, apuntó.
En cuanto a las acusaciones contra su esposo, Monroy aseguró que él se presentó a diferentes licitaciones públicas, las que ganó porque tenía precios menores a otros proponentes, negando un favorecimiento de parte de la anterior gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), o de su padre como dirigente sindical.
De su parte, el asambleísta por UD-A, Daniel Carvajal, cuestionó que Jimena Monroy utilizó los ambientes de la Asamblea para defender un supuesto hecho de corrupción.
“Las acusaciones han venido dirigidas a una persona que se ha beneficiado durante años de manera irregular de una empresa del Estado”, dijo el asambleísta en referencia al padre de Jimena.
Ante las críticas a sus compañeros de bancada, Carvajal pidió a la legisladora Monroy que pueda “tranquilizarse” y le recordó que las acusaciones contra su padre están siendo investigadas por la Fiscalía.
Fernando Monroy, padre de la citada asambleísta, fue acusado por supuestos hechos de corrupción en Setar- Bermejo, así también, la Gobernación vinculó al esposo de la asambleísta en un supuesto hecho de uso indebido de influencias por haber ganado una licitación con dicha empresa.
Más allanamientos en Setar Bermejo
La Fiscalía realizó nuevos allanamientos de las oficinas de Setar donde secuestró documentos pertenecientes al funcionario acusado, Fernando Monroy, donde comprobaron que el citado ciudadano estuvo realizando desde el año 2012 cobros “injustificados”, pues no asistía a su fuente laboral desde esa gestión hasta la fecha, al estar como dirigente sindical de los trabajadores.
El fiscal se refiere a los beneficios que tendría este ciudadano a comparación de un usuario regular por las facturas de consumo de su vivienda como de un centro nocturno del que es propietario; sin embargo, pagaba montos menores a los Bs 10.
“Dicho local nocturno estaría bajo su administración, por eso, todos estos hechos están siendo corroborados e investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Bermejo, recordar que este delito está tipificado como uso indebido de influencias, además de posibles contribuciones y ventajas ilegítimas”, detalló el fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción tiene como plazo 20 días para investigar el caso, posteriormente, deberá emitir un informe que dé curso a las próximas actuaciones. (eP).