REDACCIÓN CENTRAL/ TARIJA
(elPeriódico, mayo 30/2017) Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) tiene previsto certificar un estudio de reservas para el funcionamiento de la planta petroquímica en el Chaco, informó el diputado oficialista, Ignacio Soruco Grandchant.
Diputados de la oposición habían solicitado un informe oral al ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez Fernández, para que explique el por qué impulsan la construcción de la planta de propileno y polipropileno sin contar con las reservas suficientes de gas.
Soruco explicó que el estudio para la construcción de la planta petroquímica en Yacuiba pasó por análisis de factibilidad, es decir, un estudio de mercado. Las críticas venían por el lado que no existen reservas y producción. “Desvirtuamos esas declaraciones, para la próxima semana se certificarán las reservas”, aseguró el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El senador Óscar Ortiz, explicó que la planta separadora de líquidos de la región del Gran Chaco que es la que debe proveer la materia prima para la planta petroquímica funciona a menos del 15% de su capacidad.
De acuerdo con YPFB, la planta tendrá una capacidad de proceso de 906 toneladas métricas día (TMD) de propano y una capacidad de producción de 250 mil toneladas métricas año (TMA) de polipropileno.
Entre el 10 y 20% del producto (polipropileno homopolímero) destinará al mercado interno y entre el 80 y 90% a países como Argentina, Brasil, China y Perú.
Durante la construcción, generarán 4.000 empleos directos y 150 en la fase de operación.
«No sólo estamos frente al contrato más grande, sino a lo que puede ser el mayor elefante blanco del país”, declaró el senador cruceño a los medios nacionales.
“Está claro que en las condiciones actuales, Bolivia no tiene las suficientes reservas de gas garantizadas para un proyecto tan grande”, dijo el opositor.
Soruco, respondió que el proceso de contratación de la planta petroquímica está actualmente en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos para “transparentar” el uso de los recursos. “No olvidemos que este es el contrato más grande que va a suscribir el Estado boliviano con un operador privado”. (eP)