Noticias El Periódico Tarija

LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico, mayo 27/2017) La distancia política  entre el gobernador Adrián Oliva Alcázar y su ex aliado, el ex gobernador Mario Cossío Cortez, continúa ensanchándose; esta vez  decidió adherirse a la acusación del Ministerio Público en su contra por la organización del referendo autonómico del año 2008.
Además, están incluidos en este proceso, el actual asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A)   Mauricio Lea Plaza Peláez  y quienes eran  miembros del Consejo Departamental por el proceso del referéndum del estatuto, entre los que están el actual senador opositor, Víctor Hugo Zamora Castedo.

Lea Plaza en la gestión de Cossío fue secretario ejecutivo de la Gobernación, mientras que Víctor Hugo Zamora era consejero departamental.
Al ser notificado, el asambleísta Mauricio Lea Plaza calificó a Oliva de “irresponsable”.  “Es una irresponsabilidad con la historia, él conoce los hechos históricos de la autonomía”.

El asambleísta recordó que Adrián Oliva era el asesor general de la Gobernación y encargado del área política en la gestión de Mario Cossío.

Desde la Secretaría de Justicia de la Gobernación explicaron que es su deber adherirse como víctimas en este tipo de procesos donde la institución viene a ser representante del Estado, de ignorar esta situación estarían cometiendo otro tipo de delitos.

“Sólo estamos acatando la ley”, es el argumento que fue repetido una y otra vez anteriormente por el director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca Barrado, acotando que los casos contra el exgobernador Mario Cossío Cortez, anteceden del 2010 e incluso le tocó seguirlos  a la gestión del entonces prefecto, Mauricio Lea Plaza Peláez.

El abogado Vaca volvió a recalcar que la participación de la Gobernación en estos procesos es de coadyuvar en el avance de las investigaciones en defensa de los bienes del Estado, sin necesidad de culpar o no a Mario Cossío u otros ex funcionarios.

Lea Plaza  dio en parte la razón al abogado; sin embargo,  cuestionó el por qué la Gobernación  no hizo su propia acusación  a partir de su análisis, valorando los hechos, sin limitarse a copiar de manera “oficiosa” los argumentos del Ministerio Público.

“Es una acusación política, el hecho ya fue constituido, estamos muy extrañados y molestos por las acciones de la Gobernación”, dijo Lea Plaza que es asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), alianza política con la que Oliva ganó la última elección para ser gobernador.

Acusación
Por intermedio de sus abogados, el gobernador del departamento Adrián Oliva Alcázar, presentó una acusación en contra del ex gobernador Mario Cossío Cortez, Mauricio Lea Plaza Peláez, Víctor Hugo Zamora,  Oscar Alex Guillen Portal, Oscar Madariaga Tolaba, Helder Sigfrido Quiroga, René Rosario Valdez Soruco, Marcos Jurado Huayte, Alberto Lazcano Henry, Ramiro Gutiérrez Aguilar, Pablo Guillermo Metzelar Montealegre, por los delitos de malversación, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), leyes y otros.

“Por lo que ante sus dignas autoridades con las debidas consideraciones de respeto anteponemos la presente acusación particular” dice el documento.

Entre el petitorio del querellante, los representantes  legales del gobernador  solicitan que se los adhiera a la prueba ofrecida por el Ministerio Público ya sea documental, testifical, material o pericial.
También  pide que la Gobernación se constituya en calidad de víctima a los efectos de una eventual reparación de los daños ocasionados.
Solicitan exención del pago de valorados que refieren a los procesos para la recuperación de recursos del Estado.

Contexto

La determinación de encarar un referéndum para el estatuto autonómico, fue tomada, en ese entonces, por el gobernador Mario Cossío y el Consejo Departamental. “Se asumió la decisión a través de una resolución que autorizó el referéndum”, explicó Lea Plaza.

Dicho proceso tuvo amplia participación de la población que salió a las urnas a dar su apoyo a este proceso autonómico, cuyo resultado es el actual estatuto.

A partir de aquello, el Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó una serie de denuncias en contra de los aludidos, mismas que  fueron rechazadas,  al igual que la querella iniciada por la Contraloría General del Estado.

“La Controlaría ya estaba tramitando la denuncia en las instancias judiciales hasta que se observaron una serie de irregularidades  en el proceso y nosotros apelamos”, refirió Lea Plaza.
La Sala de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia decidió retrotraer todo el proceso que luego  quedó sin efecto.

El Ministerio Público ha formulado posteriormente una nueva acusación que está basada en los mismos argumentos  de la Controlaría. “A esta acusación la Gobernación se ha sumado”, lamentó el asambleísta opositor. (eP).