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La Praça Princesa Isabel respira un ambiente tétrico. Desde el domingo han llegado unos 300 drogadictos huyendo de una macrooperación que, a pocos metros de ahí, usó cerca de un millar de policías y cuya violencia ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el nuevo punto, algunos han conseguido montar tiendas de campaña, pero la mayoría está a la intemperie, entre basura y con sus pocas pertenencias en carritos de supermercado.
Otros fuman crack, mientras personal de la Secretaría Municipal de Salud se acerca para dar atención clínica y ofrecerles plaza en unos albergues que ya están saturados.
«Tienen el derecho de permanecer. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio porque aquí claro que sigue circulando la droga, la que circulaba en ‘Cracolandia’, pero en otros puntos más acomodados de la ciudad se consume más y ahí no hay ningún problema», dice a EFE una funcionaria de la Alcaldía que prefiere no revelar su nombre.
Asimismo, agrega que el plan, a corto plazo, es que ellos se queden ahí por tiempo indeterminado y que la Alcaldía haga labores de limpieza eventualmente.
«Las personas ahora no tienen un espacio adecuado para poder recibir asistencia. (…) Todo es mucho más frágil. El problema de la droga continuará», denuncia a EFE Glauber Castro, trabajador social del Centro de Convivencia y de Ley.
Los dueños de los comercios de alrededor vigilan con tensión la escena y aseguran que ya empiezan a notar en caja los efectos del nuevo asentamiento, surgido a partir de la desmantelación de «Cracolandia», a tan solo 400 metros de distancia.
«Es muy peligroso, esto está controlado por facción. Tienen a gente fuerte abasteciendo», asegura Joao Pereira, propietario de un bar frente a la plaza.
Un policía que patrulla la zona advierte a EFE que las bandas criminales están reorganizándose para implementar en la Praça Princesa Isabel el negocio que tenían montado en «Cracolandia», que hoy está custodiada por unos noventa agentes para evitar su restablecimiento.
En la también conocida como «tierra del crack», hoy hay más policías que drogodependientes, aunque algunos como Eurico, de 24 años y enganchado al crack hace más de 10, se resisten a abandonar el lugar.
Mientras Eurico rebusca en la basura para sacar algo de dinero por medio del reciclaje, otra persona se acerca a EFE y grita: «¡El traficante era una fuente de trabajo! ¡Quitaron al traficante, acabó el trabajo!».
La treintena de barracas de lona en las que se comercializaba con libertad todo tipo de estupefacientes ya no están tras la operación del pasado domingo, en la que detuvieron a unas cincuenta personas, entre ellas varios narcotraficantes.
«La operación fue extremadamente violenta e inhumana», reclama Castro y añade que «en ningún momento» la Policía habló con los servicios sociales que actúan allí desde hace años.
El gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, defendió la acción y dijo que fue «correcta» y «necesaria».
Por su parte, el alcalde de San Pablo, el magnate João Doria, quiere solucionar el problema de la Praça Princesa Isabel de una vez y para ello ha entrado a la Justicia con un pedido urgente de tutela para tener autonomía a la hora de internar a los drogodependientes sin su consentimiento y sólo con el aval de una comisión médica.
Actualmente, según la legislación, los drogadictos sólo pueden ser internados en contra de su voluntad en caso de que así lo decida un juez, previa presentación de un informe médico individual donde se detallen los motivos de manera específica.
La propuesta ha sido rechazada tanto por la Fiscalía como por la Defensoría, al considerarla «extremadamente vaga, amplia y peligrosa, pues daría al municipio carta blanca para elegir quiénes son las personas en ese estado».
La Alcaldía negó en una nota que la medida vaya en el sentido de «internamiento en masa, ni mucho menos una caza humana, como afirman los promotores fiscales».
En una de las paredes de la antigua «Cracolandia», entre pintadas del PCC (Primer Comando de la Capital, la mayor banda criminal de Brasil), hay un grafiti en el que está escrito: «Respeta mi historia».
«El territorio como ‘Cracolandia’ desaparece, pero surge en otros espacios», lamenta Castro.