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ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Mayo 24/112017) El fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz Ortiz, informó que el Ministerio Público registró una nueva  denuncia en contra del actual gobernador del departamento, Adrián Oliva Alcázar, secretarios y directores  por el  supuesto delito de uso indebido de bienes del Estado. Dicha denuncia fue interpuesta por el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Basilio Ramos Mamani.

«Esta denuncia refiere a un hecho que se hubiera producido  el 16 de marzo de 2017”, inició el fiscal con  la descripción del caso.

Este caso fue aceptado y derivado a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue el supuesto hecho de uso indebido de bienes del Estado, donde dichas autoridades habrían utilizado vehículos de la Gobernación para trasladar personas hacia una manifestación que iba en contra de la aprobación de la ley del 8%”.

Muñoz declaró que  los denunciados son el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, el secretario de Gobernabilidad, Luis Alfaro Arias, el secretario de Desarrollo Humano, Edgar Guzmán Jáuregui; el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos Iñiguez, el secretario de Coordinación Waldemar Peralta Méndez, la directora del Sedeges Mery Polo Areco, el director del Sedes Paul Castellanos, y el director del Servicio Departamental de Caminos, Omar Molina.

«De acuerdo a los antecedentes de la denuncia, refiere que el 16 de marzo de 2017,  la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija tenía programado aprobar la ley del 8 por ciento; sin embargo, las personas denunciadas habrían utilizado bienes y servicios públicos para un acto de protesta”, detalló Muñoz.

El acto de protesta fue  realizado al frente del edificio de la Asamblea en horarios de trabajo. El denunciante presentó fotografías e imágenes como parte de las pruebas.

Al tomar conocimiento de la denuncia, el secretario de Justicia, Yamil García Delfín, recalcó que  “inmediatamente” se  constituirán en parte y propondrán  todas las dirigencias necesarias para que el caso pueda determinarse de acuerdo con los criterios que establece la Ley. (eP)