Eduardo Claure
En democracia, el juego político es necesario para permitir la libertad de expresión popular en apoyo a corrientes doctrinarias que busquen justicia, equidad y libertad entre los principales elementos que el ciudadano persigue en un determinado contexto partidario, ejerciendo de tal forma sus derechos civiles y políticos en un Estado de Derecho y en democracia. En la medida que pasa el tiempo y la renovación de partidos políticos se deja esperar, se acrecientan las dudas sobre la futura participación ciudadana cuando se tenga que elegir representantes del pueblo a los altos cargos de la administración del Estado, quienes deben tener mínimamente la garantía suficiente para exponer sus ideas, consignas, programas e intereses de orden político que expresen el sentimiento de diversos colectivos sociales afines a determinadas ideologías, bajo siglas conocidas y seguramente de otras nuevas que se conformarán en el transcurso del tiempo (2019).
Sobre este importante tema se ejercitará una acción de reingeniería de la normativa para la vigencia de los partidos políticos, de manera que se reemplacen algunas disposiciones consideradas obsoletas y se mantengan otras calificadas como insustituibles; se espera la incorporación de renovadas sugerencias que sean tomadas en cuenta por el Tribunal Supremo Electoral, que viene trabajando en ese propósito de presentar una nueva Ley de Partidos Políticos, para unos, seguramente adecuada a los tiempos de cambio y para otros hacia una renovada esperanza de una vida política institucionalizada y en democracia.
Se necesita una nueva ley que garantice la democracia interna de los partidos, y que estos, estén a tono con las diferentes formas de democracia reconocidas en la Constitución y contribuir de manera sustantiva con la marcha del proceso democrático en el país, mejorándolo, profundizándolo y donde la participación ciudadana sea según establece las leyes nacionales, tratados y convenios internacionales, para convivir en democracia, no solo porque llegue otra fecha de votación, sino porque el ciudadano decida. De parte del TSE se anticipa la realización de talleres en todo el país, con objeto de abrir debates públicos entre los actores involucrados. El debate se extenderá a las naciones y pueblos indígenas a objeto de que todos los sectores puedan realizar aportes en el proyecto de la norma que será finalmente tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el partido en función de gobierno tiene mayoría. Es evidente que la actual Ley Electoral, resulta obsoleta, o como lo señalan políticos y analistas: extemporánea, considerando que se han producido algunos adelantos en función democrática, mientras que para algunos partidos de larga data, hay aspectos que vulneran los derechos de las organizaciones políticas, limitando bajo diferentes formas de presión su opción participativa en igualdad de condiciones y no con desventajas visibles, lo que sucede cuando se manejan los hilos del Estado donde se disminuyen posibilidades legales e imponen limitaciones que reducen oportunidades, generan discriminaciones o desventajas, como es el caso de la representación de la población urbana vs. la representación rural, ecuación que deja a la alta densidad poblacional en distritos urbanos con una disminuida representación parlamentaria contra la alta cifra de representantes de áreas rurales de escasa población, lo que provoca una desigualdad a todas luces discriminatoria y contra todo principio de distribución de escaños que debiera ser una “ecuación de equilibrio democrático”. Las variables de población y territorio deben ajustarse a mejores sensateces y no a desproporciones ventajeras.
Entre los temas pendientes de tratamiento en la nueva Ley de Partidos Políticos está el relacionado con el soporte de financiamiento con recursos públicos bajo ciertas formas que viabilicen ese “derecho” que, de ser implantado, debe ser equitativo. Lo que importa es que se regule la condición de partidos políticos y de agrupaciones ciudadanas, aun cuando éstos últimos tienen vida temporal, circunstancialmente electoral e interesadas en apoyo coyuntural al “partido oficialista”, con la sola intención de exigir cargos, que luego por inercia y gravedad, simplemente desaparecen, dejando una estela de “militantes” inorgánicos, dispersos, sin rumbo, sin compromisos y sin lealtades post electorales. En el mejor de los casos, ese contingente humano es simplemente “utilizado” para que pocos, muy pocos, asuman cargos electos o públicos. Por este detalle, la nueva ley de partidos políticos debe considerar revitalizar los partidos eliminando las agrupaciones ciudadanas o mantenerlas bajo otros criterios.
Para la propuesta de una renovada ley de partidos políticos ya han sido referidos por el TSE cuatro ejes temáticos para ser tratado a nivel nacional en 11 eventos a realizarse uno por departamento, El Alto y uno nacional. Ha trascendido que el 22 del presente comenzarán los talleres y los temas centrales previstos son: i) la constitución de las organizaciones políticas; ii) la ley partidaria interna; iii) organizaciones indígenas y, iv) financiamiento a las organizaciones políticas. De estos, el cuarto ya tiene tres opciones, según el TSE: a) financiamiento directo; b) cero financiamiento; y c) financiamiento mixto -público y privado- y financiamiento privado con restricciones. Las tiendas políticas dejaron de percibir recursos del Estado en 2008, después de sancionada la Ley 3925, que eliminó el financiamiento a los partidos y esos recursos fueron destinados al Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad en favor de los discapacitados. La Ley de Partidos Políticos de 1999, está desfasada respecto a lo que hoy es la democracia en el país, la CPE, la norma electoral y los desafíos que tienen las organizaciones políticas para conservarse como tales frente a los sucesos políticos en la región, razones demás entendibles para actualizar dicha norma en el marco del derecho, la legalidad y legitimidad. Otros temas a discutirse serán por lo anunciado: 1) Democracia interna en los partidos políticos; 2) Mayor participación de jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas; 3) Criterio de alternancia, elección de la dirigencia y candidaturas de una organización política; 4) Requisitos relacionados al porcentaje de firmas que se requiere para la habilitación de un partido político; 5) Transfugio; 6) Sectores indígena originario campesino. Los eventos de socialización y/o construcción colectiva (esperemos amplia e irrestricta) empezaran con un taller de pueblos indígenas de tierras altas en La Paz, y se irán desarrollando sucesivamente en el resto del país. Se prevé que el último taller sea el 23 de junio con carácter nacional en la ciudad de La Paz. La Asamblea Legislativa Plurinacional, concluirá con una nueva normativa en materia electoral y de partidos políticos que suponemos no será una camisa de fuerza que reduzca a las organizaciones políticas a simples representaciones existenciales de la sociedad civil sin ninguna fortalezca que les permita competir en igualdad de condiciones con el partido en el poder, sino más bien que impulse y profundice el protagonismo del sistema de partidos políticos en Bolivia, para configurar y constituir lo que históricamente desde 1825, Bolivia, no logra consolidar: verdaderos partidos políticos, con visión democrática y construcción de estructuras con base sostenible en el tiempo para un proyecto país de largo alcance, en un escenario globalizado de profunda dinámica que, ha removido el piso a todas las corrientes políticas e ideológicas en el mundo recientemente.
Hace 135 años surgieron en el país los primeros partidos políticos, entre corrientes Liberales y Conservadores, mientras unos proponían la recuperación del Litoral, otros pugnaban porque la guerra con Chile culmine. Las formaciones políticas surgieron al amparo de una crisis política, económica y social para la cual ofrecían una salida. Recién en 1937, una vez concluida la “Guerra del Chaco”, con un desenlace cruento y fatal (más de 50.000 muertos en batalla) que desnudó la enorme debilidad de un país manejado por una pequeña élite, surgieron los partidos políticos decepcionados con el estancamiento socioeconómico de preguerra y las insuficiencias de la élite durante el período bélico, se abrieron a vientos renovadores. Ese hito marcó un repensar para cientos de intelectuales y nuevas generaciones de Bolivia, cuya emergencia de nuevos liderazgos dinamizó la coyuntura sociopolítica del país hasta arribar con la Revolución Nacional de 1952. A comienzos de la década de 1940, los principales partidos representantes de esa generación fundaron el Partido Obrero Revolucionario (POR, 1938, José Aguirre), el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR, 1940, José Antonio Arce, Ricardo Anaya), la Falange Socialista Boliviana (FSB, 1938, Oscar Unzaga de la Vega) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, 1941, Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes).
En las últimas elecciones sub nacionales municipios y gobernaciones del 2015 alrededor de 102 agrupaciones ciudadanas se inscribieron; según reporta el TSE, se inscribieron oficialmente en La Paz 36, Santa Cruz con 25, Cochabamba con 16 y Tarija con 10; el resto de los departamentos no contaron con más de cuatro agrupaciones inscritas: Oruro con 3, Sucre 4, Beni 3, Potosí 3 y la última Pando con solo dos agrupaciones políticas. Gran parte de las siglas surgieron a partir de organizaciones sindicales, cívicas y como efecto del desmembramiento de los partidos “tradicionales”, la crisis de liderazgo, concentración de poder y poco margen a la participación de nuevos liderazgos. Al interior del propio MAS, las disidencias y las escisiones políticas implicaron la creación de agrupaciones ciudadanas con exdirigentes, especialmente en la zona del altiplano y los valles.
En este contexto, del decenio que transcurre, se ha vivido una situación de liquidación de las agrupaciones ciudadanas y debilitamiento de todo lo que sea diferente al partido de gobierno, cuyo liderazgo caudillista no admite ninguna chance para la reconstrucción de un sistema de partidos. Ello conlleva al debilitamiento de la democracia, con escasa representación política, por los mismos rasgos caudillistas y sus efectos. Sin embargo, esto obliga a reconstruir el sistema de partidos políticos bajo una comunidad ideológica-política que proponga para el país un desarrollo cualitativo y más humano, donde no se piense que una cancha de futbol sustituye a un hospital.