REDACCION CENTRAL/ TARIJA
(elPeriódico, mayo 17/ 2017) El presidente de la Comisión de Economía Plural, Ignacio Soruco Grandchant, informó que toda propuesta de ley tiene que estar enmarcada en la normativa vigente que regula el sector eléctrico y la propuesta de rebaja de tarifas de electricidad para el departamento de Tarija, que presentó el asambleísta Wilman Cardozo, carece de base legal.
El diputado explicó que la Comisión de Economía Plural tiene tuición y competencia directa sobre el sector de energía. En cuanto a la ley de Cardozo, dijo que toda propuesta debe enmarcarse en la normativa vigente, en este caso la Ley de Electricidad y el decretos supremo que da las facultades a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) para que regule el proceso de la aplicación de tarifas de electricidad a nivel nacional.
El artículo 53 de la Ley de electricidad establece los estudios tarifarios.
“La aprobación y revisión de tarifas se efectuará en base a estudios que serán encargados por el titular a empresas consultoras especializadas, precalificadas por la Superintendencia de Electricidad (ahora AE), que preparará los términos de referencia y será destinataria de los mismos”.
Este artículo aclara que para realizar una nueva tarifa de electricidad en el departamento de Tarija no es necesaria una ley departamental, pues ya existe el mecanismo para establecer la misma.
En tal sentido, la empresa Servicios Eléctricos de Tarija tiene que realizar las gestiones y estudios que manda la normativa vigente, puntualizó el diputado.
El diputado aclaró que el artículo 51 del decreto supremo Nº 0071 le atribuye competencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) de fijar, aprobar precios y tarifas.
“Es decir, que la única que puede fijar tarifas y precios es la AE”, remarcó el diputado.
Las tarifas eléctricas son aprobadas por la AE, pero a través de un estudio tarifario, que en este caso, lo tendrá que hacer Setar, donde deben evaluar los aspectos de inversiones, costos operativos, administrativos, de energía, de reposición, seguros, tasas de regulación, impuestos y otros.
“Estos estudios tienen que garantizar la estabilidad de la empresa económica y técnica pero sobre todo, garantizar el servicio de calidad a la población” explicó Soruco. (eP).