Delfín Arias Vargas
(Comunicador social y periodista, fue profesor universitario)
El periodismo es una actividad persuasiva porque siempre tiene la intención de conseguir un efecto determinado en el público, ya que todo escrito periodístico es un acto de interpretación y, por lo tanto, subjetivo. Entonces, los medios de información no son meros transmisores de la verdad, sino que ofrecen versiones de la realidad.
En ese sentido es que la función interpretativa es el soporte de la actividad periodística, por lo que el periodismo en todos sus géneros es interpretación de los hechos que ocurren en la realidad.
Además, como señala el comunicólogo español Rafael Yáñez Mesa, por la función persuasiva del periodismo, el control de los medios se ha convertido en un objetivo político de primer orden, en tanto puede hacer cambiar de opinión a los ciudadanos o adaptarlos a nuevas situaciones.
Entonces, convengamos que uno de los principales pilares del periodismo es el pleno ejercicio de la libertad de expresión y que este derecho constitucional también es la piedra angular de la democracia.
Es que la libertad de expresión es una de las formas más elaboradas de la libertad de pensamiento porque prolonga la libertad de conciencia. Es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de opinión, para recibir y difundir mensajes sin censura previa ni consideración de fronteras, sin injerencia del poder político ni económico, sin presiones de los grupos de poder.
Además, la libertad de información y de libertad de expresión no son hermanas gemelas, ya que la primera es una noción opuesta a la segunda.
El investigador Raphaël Meyssan sostiene que la libertad de información consiste en difundir algo conocido y seguro, mientras que la libertad de expresión presenta una visión personal. Es decir, la primera presupone una verdad objetiva, mientras que la segunda implica que esa verdad lleva a la relación que mantenemos con algo y no a ese propio algo.
Ahora bien, en el caso boliviano la Constitución Política del Estado nos garantiza el ejercicio a la libertad de expresión, de opinión y de información, además del acceso a la rectificación, a la réplica y al derecho a emitir libremente nuestras ideas por cualquier medio de difusión y sin censura previa. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión está orientado a fortalecer el sistema político para que el respeto a los derechos humanos sea la regla y no la excepción.
No obstante, la Carta Magna también prescribe que las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación deben circunscribirse a los principios de veracidad, por lo que la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, ni tiene preeminencia sobre otros derechos constitucionales.
Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos –de la que es signataria Bolivia– asume que la libertad de expresión es un derecho humano; advierte que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones que señala la ley.
Entonces, el ejercicio de la libertad de expresión nos exige el respeto al otro como un referente vital y la defensa del sentido de igualdad que como seres humanos nos une, más allá de razas, posicionamientos políticos o estratificaciones sociales.
Es decir, si somos militantes defensores de la libertad de expresión, estamos obligados a asumir como norma de conducta el respeto a los derechos del otro, ponernos en el lugar del otro, y nunca olvidar que las palabras expresadas sin que tengan sustento en la verdad, causan daños irreparables en honras y dignidades ajenas.
¿Empero, cuál es el grado de nuestra responsabilidad con el ejercicio de la libertad de expresión?
¿Compartimos el vital compromiso de Voltaire (1694-1778) con la libertad de expresión: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”; o asumimos la circunspecta posición del psicólogo Javier Akerman: “Yo puedo expresarme libremente, pero también debo aceptar las consecuencias de mis palabras”?
La disyuntiva señala que el ejercicio de la libertad de expresión es el derecho a expresar lo que se quiera, pero sólo puede basarse en la evidencia de que un determinado acto expresivo, en su forma o en su contenido, a veces produce en otros una injusta denegación de esa libertad; porque sólo si respetamos la libertad y los derechos del otro honraremos nuestra libertad de palabra.
En este sentido, el ejercicio de la libertad de expresión encuentra sus límites en el respeto hacia otros derechos humanos, también universalmente reconocidos, como el derecho a la honra, a la reputación, a la intimidad, a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Es que la libertad de expresión es un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que su ejercicio sea respetuoso del derecho de los demás y, sobre todo, asuma los principios de veracidad y de responsabilidad.
Entonces, ¿existen amenazas que enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión? Las amenazas no sólo provienen del poder político, del poder económico o corporativo, sino también de los propios medios de comunicación social.
Mauro Cerbino clasifica esas amenazas en externas e internas. La externa es la concentración de la propiedad de los medios: a más medios de comunicación social en pocas manos, menos pluralidad de voces, y consecuentemente menos libertad de expresión y menos democracia.
En tanto que las amenazas internas provienen de los propios periodistas cuando infringen los principios deontológicos del oficio y asumen como suya la decantada ‘línea editorial’, eufemismo que disfraza la autocensura que viola la libertad de expresión en el medio en el que trabajan.
Por eso y en el marco de la lucha diaria por la plena vigencia de ese derecho constitucional, urge recuperar la génesis del periodismo como un servicio a la comunidad, la noticia como un bien social y la pluralidad de voces como un referente vital de la profesión.
Sólo si asumimos el ejercicio de la libertad de expresión desde su naturaleza globalizadora, que no es sino el estricto respeto a otros derechos constitucionales, cerraremos el paso a las tentaciones liberticidas de quienes, bajo cualquier argumento, pretenden amordazarla desde afuera o desde el seno mismo de los medios de comunicación.