Karen Arauz
Después de casi doce años de administración masista, pareciera que el mayor reproche que se le hace -y se le hará- es que vía la postrada asamblea nacional, han destruido absolutamente hasta el último vestigio del concepto de justicia. Envueltos en un supuesto manto revolucionario, han puesto a la administración de justicia, en la última de las categorías del Estado. Todos saben, que sin justicia, no hay Nación. En las anteriores elecciones -inéditas según dicen- como si «inédito» fuera sinónimo de bueno, ya la ciudadanía percibió que lo único que pretendieron mediante el voto, fue que legitimásemos una de las más aberrantes y abyectas políticas de un gobierno de clara inclinación autocrática.
Desde su punto de vista, la judicialización de la política y el manejo indiscriminado de los operadores por ellos puestos, es la mejor garantía para mantener a raya a los dirigentes políticos opositores. Y si encima, difuminan sus verdaderas intenciones amparándose en una supuesta «voluntad popular», están hechos. Tener una justicia de todo menos independiente, es la joya de la corona de la total dependencia de los poderes. La Asamblea, está -en virtud de sus dos tercios- más allá de cualquier sospecha. No existió en esta década, ni existirá en el futuro inmediato, un solo, ni uno siquiera, que se animara a desafiar el dominio del ejecutivo, que como esos dragones mitológicos, en un destructor de varias cabezas. De ese modo, no hay movimiento que les escape de control, ni sujeto alguno que tenga autonomía de pensamiento, menos de acción.
Pero como no hay inventor que no se joda con su invento, esa primera «elección» de magistrados resultó ser tan, pero tan mala, y no porque no fueran sumisos y obedientes, sino porque resultaron ser tan ineficientes, que ni a ellos les sirvió. Ha sido hasta divertido, ver como uno que otro, se disparaba con una decisión judicial fuera de libreto Y henos aquí embarcados en una nueva «inédita» elección popular y otra vez, están haciendo malabarismos para renovar incondicionales aunque esta vez con la esperanza de que resulten algo mejor que los anteriores, lo que en lenguaje oficialista equivale a que sean más inteligentes sin osar salirse de la raya.
La expresión de preocupación de la presidente de Diputados por la falta de postulantes, resulta graciosa. Aparentemente se ha agotado la camada en el criadero. Pareciera que ya no hay abogados aspirantes a magistrados, que reúnan las condiciones exigidas, pero sobre todo, que sean probados incondicionales. Porque está claro que los «otros» que con seguridad patearían el tablero de la férrea disciplina partidaria, no se arriesgan a ser no solo rechazados, sino y lo que sería peor, a ser etiquetados como obsecuentes masistas. La Universidad, ya se ha dado cuenta, que su intervención en el proceso de pre-selección, pretende hacerlos ejercer el papel de tontos útiles y la susceptibilidad va en aumento. Nadie quiere meter las manos a la bolsa de carbón.
Son varios los profesionales que todos sabemos podrían cambiar la cara a la justicia en el país. Pero es mejor ni mencionarlos, porque es como marcarlos con una gran X en la frente. Todos los partidos de oposición, deben tener al menos un par de personajes valiosos para el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Y la opositora ciudadanía igualmente. Pero al igual que con potenciales candidatos a terciar en las elecciones generales de 2019, es mejor ni sugerirlos, porque equivale al beso de la muerte. De tal modo que no hay opción. Y nuevamente veremos desfilar una serie de personajes con cero experiencia, peor formación y tristes currículos pero con gran ansiedad de representar un papel estelar para el que no están preparados. Tan es así, que se repetirá la prohibición de organizar debates o presentaciones públicas de ningún tipo para no arriesgar que la prensa los desnude en su mediocridad. Pero, el fin justifica los medios.
De estas maneras de gobernar sometiendo al poder judicial al máximo es Venezuela el gran ejemplo de cómo llegar a extremos. Solo recuerda a los regímenes estalinistas, nazis o comunistas, al someter a los civiles ante un tribunal militar como si fuesen prisioneros de guerra. Es que el problema con estos gobiernos populistas, es que no miden las consecuencias de sus actos en el afán de mantener su poder omnímodo y garantizarse la indispensable impunidad. El Estado de Derecho, la observancia de la Constitución, el debido proceso o cualquiera de las normas que rigen los países en serio, son exactamente lo contrario al fin que persiguen. Con que «sus» jueces y fiscales sean lo suficientemente capaces de fraguar procesos infames de inocultable persecución política, justifica cualquier esfuerzo.
Este sombrío panorama, es el caldo de cultivo propicio para sumar al narcotráfico y a fuerzas irregulares a la estructura gubernamental. El caos que ocasiona la falta de justicia, es el cuadro decadente perfecto para que los carroñeros hagan un festín con los despojos de un país. Claro que hay países y países. Y los bolivianos, pareciera, no son muy afectos a dejarse rapiñar.