MARIELA QUIROGA/REDACCIÓN DIGITAL/EL PERIÓDICO
Este lunes los vendedores de ropa usada de la ciudad de Tarija, realizaron una marcha de protesta, en protesta por supuestos abusos cometidos por la Aduana Nacional que estaría decomisando los fardos de ropa usada que los comerciantes intentan hacer ingresar al departamento.
«Estamos marchando en contra de la Aduana aquí en Tarija por los decomisos. Están realizando un trabajo abusivo al decomisarnos uno o dos fardos de mercadería que traemos por familia a Tarija. Ellos deben controlar en las fronteras», informó el dirigente de ese sector, Luis Álvarez.
Según el dirigente, cada familia invierte entre 300 y 400 dólares para comercializar dos o tres fardos de ropa usada, mercadería que en las últimas semanas es decomisada en su totalidad por la Aduana.
«Nosotros pedimos auditoria para conocer dónde va a parar la mercadería decomisada. Nos comisan la mercadería y nosotros nos enteramos que familias de funcionarios de la Aduana están vendiendo esa mercadería por el centro de la ciudad«, denunció.
Los vendedores de ropa usada ven en el nuevo proyecto de ley una amenaza contra sus fuentes de generación de ingresos, pese a que ya existe una ley nacional que prohíbe la importación y comercialización de este tipo de mercadería.
El diputado Ignacio Soruco recordó que el proyecto de Ley que otorga facultades a los gobiernos Municipales para evitar la venta de ropa usada, no solo otorga estas competencias sobre este tipo de prendas sino sobre la comercialización de mercancías en general.
“Está siendo trabajado este proyecto de ley en la comisión de Economía Plural, estamos escuchando a la parte y contraparte, es decir, a los empresarios y a las Pymes y a los comercializadores, para que en base a una decisión de consenso y sobretodo socializada sea tratada en el corto plazo en la cámara de Diputados”, explicó.
Soruco explicó que pese a estar en vigencia un decreto que prohíbe la internación y venta de ropa usada en el país, existen personas dedicadas a esta actividad que aprovechan las extensas fronteras que tiene Bolivia para seguir internando la mercadería de contrabando.