Saturnín Ramos Ramos
El comercio de ropa usada se remonta a principios de los años 80, cuando la importación hacia Bolivia estaba realizada por países como Estados Unidos y Europa, teniendo como destino países pobres.
El DS 21060, las políticas de relocalización, el libre mercado y la desregularización hicieron que mucha gente se dedique a este comercio y se establecieron comerciantes de “fardos” de ropa usada. Entre 1990 y 1995 el mercado de ropa usada se comienza a consolidar en Bolivia, donde empiezan a funcionar libremente los mercados en las ciudades de Oruro, La Paz y Cochabamba. Se conoce que el volumen importado en ese quinquenio alcanzó a 8.000 toneladas anuales.
La mercancía es trasladada por barcos a través del océano Pacífico, almacenada en terminales portuarias de Arica e Iquique, posteriormente es internada hacia Bolivia vía contrabando. La frontera física entre Chile y Bolivia es de 850 kilómetros, por lo que los contrabandistas tienen una amplia zona para evadir los controles aduaneros.
Es necesario mencionar que el crecimiento de este negocio ha sido gracias a la permisividad de los actores gubernamentales neoliberales que, en el período de crisis de 1999 al 2002, determinaron no regular el mercado y permitir la libre entrada de mercancía usada sin tomar en cuenta el daño económico que conlleva la actividad, en especial en la distorsión de precios, la valoración de la mercadería y las condiciones sanitarias de las mismas.
Entre 2000 y 2005, el volumen de internación de ropa usada vía contrabando alcanzó un promedio de 60.000 toneladas anuales, en este período hubo un inusual acceso a créditos de instituciones financieras no reguladas que, bajo el termino de crédito asociativo o mancomunado, cada persona podía prestarse entre $us 500 hasta $us 5.000, con el fin de comercializar mercadería usada.
La importación de ropa usada está prohibida desde el 1 de abril de 2008, según el Decreto Supremo 28761, pero la mercancía sigue entrando de contrabando. En tanto que la venta fue impedida desde el 1 de abril de 2009, según el Decreto 29521, aunque en 8 años la actividad continúa.
El Gobierno, en acuerdo con la dirigencia del sector de comercialización de prendas usadas, pone en funcionamiento el Programa de Reconversión Productiva y Comercial en 2017 con el fin de reorientar el comercio y el empleo en nuevos emprendimientos con créditos entre el 8% al 6% de interés que no dieron resultado debido a que los gremios de vendedores de ropa usada no remitieron al programa el listado de beneficiarios. Se conoce que solo 561 personas fueron beneficiadas y que los recursos del programa habrían permitido la compra de minibuses o viajes al extranjero e incluso a la compra de ropa usada. Total desembolsado histórico: Bs 14.809.805
En estos últimos años el flujo de importaciones ilegales de ropa usada encuentra mecanismos para su comercialización sin restricciones en las ferias populares más importantes del país. Por esto se ha planteado un proyecto de ley que establece una delegación a los municipios para la tarea de controlar la comercialización de ropa usada.
Actualmente, el comercio de la ropa usada se ha incrementado de manera exponencial, en los últimos años el volumen de ventas es superior a las 120.000 toneladas anuales y genera un movimiento económico de 210 millones de dólares cada año. El impacto en el empleo para el último quinquenio alcanza a 26.147, que son nuevos empleos que podrían haberse generado.
La actividad industrial textil y de confecciones en Bolivia, luego de las crisis de finales de los noventa, continúa emergente y se constituye en un complejo productivo importante para la generación de empleo. Por tanto es necesario generar, de manera conjunta entre el Gobierno y los sectores involucrados, un plan virtuoso de potenciamiento y desarrollo microempresarial, dignificando el aparato productivo soberano para el beneficio de todos los bolivianos en su conjunto.