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Días después de haber iniciado el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), Venezuela participó este martes en la sesión que convocó con los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar la grave crisis que atraviesa el país. Sin embargo, el régimen militar de Nicolás Maduro pierde cada vez más apoyo internacional. La reunión de este martes concluyó sin resolución debido a la ausencia de 7 de los 33 países que conforman el bloque.
El canciller anfitrión, el salvadoreño Hugo Martínez, aseguró durante una conferencia de prensa en San Salvador que según las normas de la comunidad, «los acuerdos en todas las instancias de la CELAC se deben de tomar por consenso» y, por la ausencia de autoridades de Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, «no se puede tomar una resolución».
El diplomático detalló que entre los Estados ausentes en el cónclave, solicitado por el gobierno de Maduro, algunos «no contestaron la comunicación» y otros argumentaron «razones de agenda» para no asistir.
El jefe de la diplomacia salvadoreña detalló que, hasta el momento, Venezuela no ha realizado una petición concreta a la CELAC y que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, expuso de forma «detallada» la forma en la que el régimen chavista «analiza» la violencia en el país.
«No hay un comunicado, una declaración o resolución sobre la mesa» y «no sé si algún país» lo propondrá, indicó Martínez a la prensa durante una pausa de la reunión.
El canciller salvadoreño señaló que por la ausencia de los siete países, esta reunión sólo servirá para el «ablandamiento» del tema antes de la reunión ordinaria de la CELAC prevista para el 19 de mayo en República Dominicana.
«Las principales intervenciones (en la primera parte de la reunión) fueron en dirección a apoyar una salida (a la crisis en Venezuela) en el marco del respeto a la Constitución y de las instituciones», por lo que «iremos con un ablandamiento del tema» a Republicana Dominicana, concluyó el canciller Martínez.
La solicitud venezolana de la reunión de la CELAC surgió inmediatamente después de que 19 países pidieran en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una cita de cancilleres para abordar la situación del país caribeño, a lo que el régimen de Maduro reaccionó con el anuncio de que Venezuela abandonará ese organismo.El dinero, según la Fiscalía, fue utilizado, en gran parte, para costear servicios de asesoría de prensa e imagen durante el juicio del Mensalao (gran mesada), una red de corrupción ocurrida durante el primer gobierno de Lula que repartió sobornos periódicos a diputados para comprar apoyo político en el Congreso.
El fiscal Deltan Dallagnol explicó que la denuncia fue anticipada con el fin de que la Corte Suprema la tuviera en cuenta a la hora de juzgar el pedido de habeas corpus para Dirceu, quien ya ha sido condenado a más de 30 años de prisión, con penas sumadas, por su participación en la trama corrupta de Petrobras.
Para Dallagnol, la libertad de Dirceu «supone un riesgo para la sociedad» debido a la «gravedad de los crímenes, la reiteración delictiva» y su «influencia en el ambiente político y partidario».
Asimismo, la Fiscalía insistió en que Direcu recibió sobornos «antes, durante y después» del juicio del Mensalao, por el que también fue condenado, lo que demuestra la sensación de «impunidad» de los políticos. «La impunidad en el país es tan grande que, en el Mensalao, el ex jefe de Casa Civil creía que su responsabilidad criminal por corrupción sería como un rayo que no puede caer dos veces en su casa», resaltó el fiscal Roberson Pozzbon, citado en un comunicado.
Protestas por la decisión de la Corte
El fallo desencadenó una ola de indignación en las redes sociales, y en particular en movimientos que en 2015 se movilizaron en nombre de la lucha contra la corrupción contra la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), destituida el año pasado por el Congreso y cuyo lugar ocupó su vice, el discutido Michel Temer.
«Estamos enfurecidos (…). Vergüenza para la justicia brasileña», afirmó una militante en un video colgado del sitio del movimiento ciudadano Vem Pra Rua (VPR, «Ven a la calle»).