GABRIELA FLORES/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico, abril 8/2017) La Ley Municipal de Edificaciones en Altura sigue en debate, pues el Colegio de Arquitectos realizó una serie de observaciones a la norma aprobada en el Concejo; mientras tanto, las construcciones clandestinas avanzan sin control alguno, lo que deja cada vez menos del patrimonio del Casco Viejo de la ciudad.
Calles angostas y antiguas como la General Trigo, la 15 de Abril, la Campero, Bolívar, Sucre, Virginio Lema y la avenida Domingo Paz están siendo copadas por nuevas edificaciones, con poca estética, que de a poco dejan solo en el recuerdo el patrimonio arquitectónico de la zona.
En ese sentido, el Concejo Municipal aprobó en grande la Ley de Edificaciones en Altura, que tiene como finalidad “planificar el crecimiento y la renovación de la ciudad mediante la edificación vertical, tomando acciones que permitan resolver los problemas existentes en cuanto a las construcciones, preservando el patrimonio arquitectónico”.
El expresidente del Colegio de Arquitectos, Leopoldo López, explicó que se detectó errores básicos en el proyecto de ley, que no se pueden obviar, y apuntó que las normas jurídicamente no pueden tener errores como lo manifestó el presidente del Concejo Municipal, aunque indicó que ninguna ley es perfecta.
“El gran problema es que la Ley de Edificaciones en Altura ha abierto la caja de Pandora y el Concejo Municipal sigue con la caja cerrada. He escuchado cosas en esta reunión que creo deberían de ser un plan de acción urgente, se verificó que hay irregularidades en el gobierno municipal. ¿Por qué hacemos la ley y no tocamos las irregularidades?, ¿para qué hemos hecho esta ley? Esta Ley de Edificaciones en Altura dicen que la discuten desde 2015, pero no veo ninguna iniciativa, ningún paso para la planificación”, explicó López.
Asimismo, López expresó que siente que existe algún tipo de presión dentro del Concejo Municipal para aprobar el proyecto de Ley de Construcciones de Altura. “No puede ser para una parte de la ciudad, debe ser para toda la ciudad, no puede ser un instrumento que perjudique la planificación, que se sigan a los tropezones y lo más grave es que legaliza lo ilegal, pone un régimen de cobrar multas a las edificaciones ilegales y con pagar un cinco por ciento de multa va a ser un buen negocio para los especuladores y con esto más bien se va a incentivar a seguir haciendo ilegalidades”, advirtió López.
Regulación de edificaciones
El director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, explicó que está vigente la Unidad de Control y Monitoreo Territorial, que realiza verificaciones e inspecciones a todas las construcciones en el área urbana y rural, que entrega entre 30 y 40 notificaciones que entregan cada día.
Dentro del trabajo que realizan, conminan a los propietarios a regularizar su trámite, para que su construcción esté dentro de las nomas, aunque esta situación rara vez sucede, ya que existen construcciones que no pueden ser autorizadas porque se encuentran fuera de la norma, en ese caso, inician un proceso administrativo, y si la demolición perturba al interés colectivo como público o, en su defecto, tiene una proporcionalidad de no afectar de gran manera a la imagen urbana, lo que hace la DOT es fijar una sanción con la paralización de la obra.
Hasta la fecha, está vigente una normativa de construcciones en altura, a partir de la cual deben ser ajustadas las nuevas edificaciones. En el centro de la ciudad, la norma es específica respecto a la altura y el espacio, coordinando con la Unidad de Patrimonio, instancia en la que se ven los caminos necesarios para aprobar o no la construcción, explicó Rodríguez.
Con base en la norma vigente, las condiciones de la edificación dependerán de su ubicación y no existe un límite de altura fijado. “Se hace un grado de consolidación, es decir, se toma como referencia al manzano donde se construirá y a partir de la altura que existe en la zona se aprueba la misma, o sea, si hay siete u ocho casas que tienen una elevación de tres niveles, esa será la máxima permitida”, explicó.
“No existe una altura determinada; en el caso de la Casa Dorada, ningún edificio debe pasar su altitud”, explicó Rodríguez, al agregar que el objetivo es que la nueva edificación no tape la visión de la estructura patrimonial.
La seguridad industrial es casi nula en Tarija
Las edificaciones en la ciudad se incrementan y con esto son más los trabajadores que se insertan en esta actividad para generar ingresos económicos. En ese ámbito, uno de los puntos más importantes es que cuenten con medidas de seguridad al momento de ejercer el trabajo en cuestión, algo que en Tarija no se cumple, pues son varios los empleados que resultan heridos y hasta pierden la vida por la falta de medidas de seguridad, como es el caso de los albañiles, constructores y agentes de seguridad, entre otros.
El representante del Ministerio de Trabajo en Tarija, Ramón Vilca, expresó que existe una ley de higiene y seguridad ocupacional vigente en el país, que vela por los trabajadores en lo que se refiere a los riesgos a los que están expuestos.
“Sabemos bien que el tema de la seguridad es una responsabilidad compartida con el empleador y el empleado, porque, obviamente, el empleador tiene la responsabilidad de dotar la ropa de trabajo, los equipos de protección personal a favor de los trabajadores y, también, los trabajadores tienen la obligación de justamente hacer uso de esa ropa de seguridad ocupacional en los ambientes laborales durante la jornada de trabajo”, indicó Vilca.
Expresó que es lamentable el accionar de algunos empleadores, al tomar el ejemplo de los trabajadores de la construcción, ya que en algunas empresas se les hace el cobro por esta indumentaria de trabajo, lo cual es ilegal, ya que el patrón debe dotar de estas vestimentas.
“Algunas empresas constructoras que están ejecutando algún proyecto le estaban cobrando por la ropa de trabajo al propio trabajador, descontando de su sueldo, eso es algo ilegal porque el empleador tiene la obligación, de acuerdo con la ley, de hacer dos dotaciones mínimas por año a todo trabajador, de la ropa de seguridad y el equipo de protección personal”, afirmó Vilca.
Asimismo, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Construcción de Tarija, Carlos Salvatierra, expresó que junto con el Ministerio de Trabajo realizan inspecciones a las diferentes obras que se edifican en la ciudad.
“Le puedo garantizar que, del 99,9 por ciento de las obras, ninguna cumple con la mínima dotación de ropa de seguridad que les tienen que dar a los trabajadores. En todas y cada una de las empresas a las que hemos ido, ninguna cumple y la verdad eso es atentatorio contra la salud de los constructores del departamento, porque tampoco es gratis. En toda obra hay un porcentaje que supera el 30 por ciento destinado a la carga social que habla de los trabajadores, esto es por la ropa de trabajo, beneficios sociales, aguinaldos y todas las demás cuestiones, pero las empresas incumplen totalmente”, afirmó Salvatierra.
Además, expresó que las más afectadas son las personas que trabajan en la construcción, por su labor en andamios, pintura o en el techo, y lamentó que las empresas no tomen conciencia sobre la situación del trabajador.