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LAURA VIDAURRE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico, abril 7/2017) La Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional de Bolivia aprobó anoche la norma para la elección de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Región Autónoma del Chaco y así conformar un Órgano Ejecutivo transitorio entre los tres subgobernadores de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.

La ley faculta a la Asamblea Regional del Gran Chaco a designar de manera transitoria a la autoridad ejecutiva de la provincia, la cual saldrá de uno de los tres subgobernadores actuales.

A través de un contacto telefónico, elPeriódico conversó con la diputada uninominal del Chaco Marcela Vásquez, quien denunció que “una vez más, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con los dos tercios, aprobó la norma que favorece al partido para prevalecer en el poder. Lamento como diputada la aprobación de la norma, que no expresa el sentir de nuestra región. El 20 de noviembre fuimos a votar para tener una autonomía plena, pero lamentablemente la Asamblea Regional no ha tenido la capacidad para poder normar esta situación”.

Por su parte, el asambleísta por el Chaco, Wilman Cardozo, indicó que los chaqueños no aceptarán una autoridad impuesta a dedo. “No vamos a aceptar jamás el dedazo, no vamos a permitir un Lino Condorí en el Chaco”.

El asambleísta indicó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) y el Estatuto Regional del Chaco, la máxima autoridad deberá ser electa por el voto popular, es por esa razón que harán un “desacato civil” a la ley para elegir a la MAE. “Nosotros no reconocemos ni vamos a reconocer ninguna autoridad impuesta a dedo, nosotros hemos peleado una a autonomía para que se administren los recursos económicos, se haga un plan de desarrollo regional”.

Por su parte, Nery Zurita, presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, anunció un “cabildo abierto” para el miércoles de la próxima semana, en “repudio” a la aprobación de la ley transitoria aprobada ayer en la ciudad de La Paz. Además, indicó que ya se concretó el apoyo de Villa Montes y ahora se gestionará el respaldo de las autoridades cívicas de Caraparí, porque se buscará los mecanismos para declararla a la norma “inconstitucional”.