Este lunes se vio y vivió un episodio de esos que pueden catalogarse como raros, una comitiva de la gobernación de Tarija llevando el rechazo formal del Gobernador Adrián Oliva a la ley del 8% a la Asamblea Departamental, luego de que esta instancia aprobara la polémica norma que establece la transferencia directa de ese porcentaje de los recursos departamentales a los 7 municipios exceptuando los del Chaco, no pudo ingresar pues se encontró con las puertas cerradas del ente legislativo. De ahí surgieron los reclamos y las quejas por supuestamente tratar de impedir la presentación de este documento, cuando en realidad lo que debe suceder después es por demás obvio.
Ante este rechazo por parte de Oliva se abren las puertas para que sea William Guerrero quien, como presidente de la Asamblea Departamental, una vez cumplido el plazo de diez días, promulgue la ley, así sucedió antes y así esta establecido en las reglas internas de la asamblea, pero ahora surge una controversia de interpretación legal que complica más el panorama pero no tanto por la promulgación en si de la norma sino más bien por quien lo hará. Sucede que se comienzan a plantear ciertos análisis que dicen que en realidad el término para presentar el rechazo u observaciones se venció el viernes 31 de marzo y no este lunes 3 de abril, si así fuera quien debería promulgar esta ley, que motivó marchas y movilizaciones desde la gobernación, sería el propio Adrián Oliva ya que de acuerdo al art. 119 del reglamento del ente legislativo, si en ese plazo no se interponen observaciones o el rechazo, se entiende que el gobernador tácitamente acepta o está de acuerdo con la norma aprobada y por tanto… debe ser él quien la promulgue, él a quien como autoridad le afecta directamente, él que fue quien promovió su rechazo de inicio… él mismo sería quien le de vigencia legal con su automática publicación. Al parecer desde la secretaria de Justicia se habrían apoyado en la ley de procedimiento administrativo que, según dicen otros, sólo regiría para órganos ejecutivos estableciendo los plazos desde el primer día hábil después de la legal notificación. Si así fuera, la gobernación habría presentado el rechazo a tiempo y sólo restaría esperar que Guerrero la promulgue luego de los diez días. Si no es así y fue la gobernación la que se equivocó, Oliva debería hacerlo arriesgándose a ser enjuiciado por incumplimiento de deberes si no lo hace. Según fuentes internas de la propia gobernación, todo apunta a una interpretación errónea del secretario de justicia, Yamil García, sobre quien están puestas todas las miradas y habrá que ver lo que hace el gobernador si termina siendo él quien deba promulgar la ley. Es mas una cuestión de forma, en definitiva la ley se debe promulgar, debe entrar en vigencia y debe ser cumplida, otra historia es si lo hace el gobernador o el presidente de la Asamblea.