SHIRLEY. A. ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico, marzo 30/2017) La Red Contra la Violencia informó que se tiene conocimiento de que los casos de supuesto acoso laboral y sexual en contra de mujeres, en los que habrían incurrido autoridades que en la actualidad ejercen funciones en el departamento de Tarija, fueron cerrados por la Defensoría del Pueblo.
Peky Rubín de Celis, integrante de la red, sostuvo que después de una reunión llevada a cabo con diferentes representantes de instituciones que luchan y defienden los derechos humanos, se habló de las denuncias de acoso laboral y sexual en las que estarían involucradas autoridades tarijeñas.
“La Defensoría del Pueblo se constituía en una de las aliadas más importantes para la red y la lucha contra la violencia y feminicidio. En ese sentido, hemos llegado a ciertos acuerdos en los que vamos a coordinar y vimos buena predisposición en varios compromisos que se asumieron”, aseguró Rubín de Celis.
Por otro lado, enfatizó que uno de los casos a los que hicieron seguimiento es el acoso laboral y sexual de las que fueron víctimas quienes desempeñaban funciones en instituciones del Estado como Régimen Penitenciario y la Subgobernación del municipio de Yunchará, supuestamente por parte de funcionarios de mayor jerarquía.
“Algunos de los casos a los que hemos estado realizando un minucioso seguimiento y que ya no son parte de las competencias de la Defensoría del Pueblo se han cerrado”, confirmó la representante.
No obstante, aclaró que como Red de Lucha Contra la Violencia tienen los elementos suficientes para investigar estas quejas y ello se hará en los casos que involucran a un diputado plurinacional, un funcionario del municipio de Yunchará y de Régimen Penitenciario.
“Lo que pasa es que cuando ya no tienen competencia y están siendo ventilados donde corresponde, por cómo se abordó el trabajo desde la Fiscalía y desde la Justicia, ya deja de tener competencia la Defensoría del Pueblo”, detalló la entrevistada.
Al tener conocimiento de lo sucedido en los distintos casos, Rubín de Celis aseguró haber detectado varias irregularidades, por lo que la red presentará una nueva queja, para que se lleve a cabo la investigación, junto con el requerimiento de los cuadernos de averiguaciones.
“Que todo este trabajo que se hace desde la Defensoría del Pueblo coadyuve para el logro de la justicia, pero, sobre todo, para la protección de las víctimas, ya que estamos en constante comunicación con ellas”, aseveró la integrante de la red.
Por último, lamentó que el proceso marche con una serie de irregularidades que serán presentadas es su manifiesto, ya que existe una “mala utilización del personal y recursos”, dado que, según ella, existe tráfico de influencias y retardación de justicia.
“Nuestro sistema de justicia es como se dice, para los ricos y poderosos, pero en estos casos específicamente en estos casos estamos hablando de personas que tienen poder económico y político, y es más difícil el acceso a la justicia, más cuando las víctimas son mujeres, jóvenes sin muchos recursos”, manifestó.
Respuesta de la defensoría
Por su parte, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, informó que los casos referidos a gestiones pasadas, por la temporalidad e intervención del Ministerio Público o de una institución administrativa, ya no pueden ser investigados.
“Se les hizo conocer que, si tienen denuncia por retardación de justicia o alguna irregularidad del caso nos la hagan llegar, para que hagamos el seguimiento respectivo”, señaló Romero.
Por último, aseveró que, al ser denunciados los casos en otras gestiones, fueron otros los operadores que cerraron sus carpetas, pero que los actuales funcionarios están dispuestos a coadyuvar en caso de que se registren otro tipo de vulneraciones.
Carola romero, delegada de la Defensoría del Pueblo.