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El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó el miércoles que las respuestas que dio el ex presidente (2005-06), Eduardo Rodríguez Veltzé, a un cuestionario, confirmaron la acusación presentada contra ex autoridades por autorizar la salida y desactivación de 36 misiles chinos en su gestión.
«Con su testimonio, con un cuestionario diplomático se logró determinar que las responsabilidades recaían inicialmente en el ex ministro (Gonzalo) Méndez y el ex comandante (Antonio) Justiniano y de ahí para abajo por todas las personas acusadas», explicó.
Aseguró que las respuestas que dio el ex mandatario a un cuestionario diplomático «permitió aclarar varias situaciones», que la Fiscalía tenía preliminarmente acreditadas y documentadas.
Recordó que Veltzé respondió a un cuestionario diplomático de 17 preguntas, con lo que el Ministerio Público concluyó su fase probatoria en el denominado caso misiles chinos.
«Por vía diplomática se remitió a este Tribunal de Juicio y fue introducido para su lectura de acuerdo al artículo 333 del Código de Procedimiento Penal y con eso el Ministerio Publico concluyó su producción probatoria», explicó.
Actualmente son procesados por ese caso, el ex ministro de Defensa, Gonzalo Méndez; el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Marco Antonio Justiniano; el ex comandante General del Ejército y ex senador, Marcelo Antezana; el general Gonzalo Rocabado; el ex jefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez; el ex inspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wilber Sánchez y David Torrico, y el ex ayudante del Departamento Cuarto del Ejército, Ernesto Caballero.
Tanto Méndez y Justiniano están declarados en rebeldía, recordó.
Asimismo, informó que la audiencia de juicio oral, que está en su fase decisiva, fue suspendida hasta el 27 de marzo.
El 2 de octubre de 2005 fueron entregados a la Embajada de Estados Unidos 36 misiles de fabricación China, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia con el fin de desactivarlos.
El argumento fue que los misiles podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas y volvieron al país desmantelados en 2006.
El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó el juzgamiento de las ex autoridades el 27 de enero 2012.