Al dinero que con total seguridad se acabará más temprano que tarde, muchos de nosotros preferimos la integridad de la naturaleza que, si la cuidamos bien en vez de destruirla, la disfrutarán los nietos de nuestros nietos y más; preferimos el vuelo y canto de los pájaros, la mirada y vida de los animales, los colores y fragancia de las flores y el verde de los árboles de las Áreas Protegidas, entre algunos de los elementos que, seguramente, se perderán como resultado de este DS.
Como ecólogo de formación y naturalista de nacimiento y convicción, entiendo como nocivo y contraproducente la existencia de pozos petrolíferos, dentro de zonas que son el hogar de especies de fauna que se encuentran en peligro de extinción, como el Oso de Anteojos, conocido como Jukumari, el jaguar, el Chancho Chaqueño, y el Taturapua, entre otros muchos que tienen sus nombre inscritos en el tristemente célebre «Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia». En este mismo libro, además, el mismo presidente que hoy incita y promueve la destrucción y monetización de la naturaleza, expresaba su respeto, conexión y entendimiento para con la Pachamana.
Para gente como yo, que seguramente no somos pocos, estas especies no tienen precio. Por lo tanto, hay una diferencia de perspectiva con el DS 2366 que, en cierto modo, le estaría poniendo precio a la vida de estas especies que, con total seguridad, desaparecerán si es que las puertas de las Áreas Protegidas, son abiertas para que las Empresas Petroleras, Nacionales y Transnacionales, hagan de ellas lo que la explotación extractivista depredadora hace con la naturaleza: ¡la destruirá!
Es por esta razón que la CPE, sabiamente establece que por estas diferencias de pensamiento, visión y perspectivas referente al «desarrollo» y el «Vivir Bien», los ciudadanos deben ser consultados, debido a que la actividad hidrocarburífera, si bien promete más papel moneda, también promete la contaminación del suelo, el agua y el aire, y el dolor, muerte y desaparición de cientos de especies. En este contexto, ¡me parece más importante heredarles a nuestros hijos una tierra (Pachamama) viva, verde, fértil y disfrutable, que cuentas bancarias, «bonos políticos» y pozos derramando hidrocarburos!
Y esto no lo digo yo, sino la CPE: el derecho colectivo a la consulta previa tiene que ser respetado, tal cual lo establece el Artículo 343 de la CPE, cuando las decisiones que se toman pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Sin lugar a dudas, la decisión del presidente de la república, expresada en el DS 2366, es una decisión susceptible de afectar la calidad del medio ambiente de los ciudadanos del departamento de Tarija, debido a que pone en riesgo la integridad biológica de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y la del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguarague, áreas protegidas pertenecientes al departamento de Tarija.
El presidente, como primer ciudadano y funcionario público del Estado Plurinacional de Bolivia, debería habernos consultado antes de emitir su decreto. Él, como presidente, tiene la obligación moral, legal y ética de respetar los derechos de todos los bolivianos. Y, en este caso puntual, el derecho de los tarijeños.
Nosotros no fuimos consultados en esta decisión que amenaza, de manera flagrante, la integridad biológica de las Áreas Protegidas del Departamento de Tarija. El Oso Jukumari, el Jaguar, el Taturapua, el Chancho Chaqueño, y los otros animales y plantas que viven en estas Áreas Protegidas, como cualquier ser vivo, tienen el derecho a desarrollarse de manera normal y permanente (Artículo 33 de la CPE). Ellos, desafortunadamente, no pueden hablar. Por eso debemos hacerlo por ellos. ¡La CPE debe ser cumplida y respetada! ¡Es un deber de las bolivianas y bolivianos (numeral 1 del artículo 108 de la CPE)!
Sin embargo, sabemos que el peligro de que se vulnere la CPE no radica en los ciudadanos de a pie, sino, como ya la historia lo ha demostrado un sinfín de veces, en la impunidad del poder y la insensibilidad que se genera cuando este se prolonga, o para poder prolongarse. Cuando el poder se enceguese pierde objetividad, y se torna aun más peligroso para la vida de todos cuando las instituciones y los ciudadanos no hacen nada para frenarlo una vez que esto ha ocurrido. ¡En el caso del DS. 2366, un decreto de propiedad del mismísimo que hoy pretende postularse a su cuarta e inconstitucional re-eleccion, no es otra cosa que un abuso de poder!