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El anuncio llegó cuando habían muerto los rumores de una posible extradición a Estados Unidos de la ex presidenta de Guatemala Roxana Baldetti Elías. Eran las 13:26 horas de este 24 de febrero, cuando la Embajada de los EE.UU. envió a varios periodistas por correo electrónico un escueto comunicado que revelaba que Baldetti estaba acusada en una corte distrital en Washington, Distrito de Columbia, de conspirar para importar cocaína a ese país. El texto también indica que está acusado del mismo delito el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Ambos ex funcionarios tomaron posesión de sus cargos al inicio de la administración de Otto Pérez Molina, en enero de 2012, y renunciaron en mayo de 2015 en medio de graves escándalos de corrupción. Mientras Baldetti fue capturada y encarcelada en agosto de ese año, Pérez Molina le siguió en septiembre (tres días antes de los comicios presidenciales) y López Bonilla fue capturado en junio de 2016. Los tres, junto a al menos un centenar de ex funcionarios, todavía aguardan juicio por hechos de corrupción, todos, acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Baldetti Elías y López Bonilla aparecen en dos procesos separados, con números de expediente distinto. Sin embargo, en ambos aparecen acusados de conspirar para importar cinco o más kilos de cocaína entre enero de 2010, dos años antes de tomar posesión, y mayo de 2015—el mes en que renunciaron de sus puestos. La figura de «cinco o más kilos» permite presentar evidencia de cantidades específicas traficadas iguales a cinco kilos o mayores, y sujeta al procesado a una condena que puede ser desde un año y medio de cárcel (si colabora con la justicia) hasta cadena perpetua.

Los antecedentes

En enero de 2010, Baldetti era secretaria general del Partido Patriota y diputada ante el Congreso de la República. Para 2013, una investigación periodística revelaba que la entonces vicepresidenta había incurrido en gastos personales y un estilo de vida cuyo costo no cubría su sueldo como vice mandataria, ni su anterior sueldo como diputada. Esto incluía extravagancias como viajes de su hijo la India, el alquiler de una discoteca en Miami por una noche (a US$10 mil), un viaje en avión privado a Nueva York para ver un concierto de Madonna, y en el caso de Baldetti, la compra de numerosas propiedades. El MP y la CICIG rastrearon la ruta del dinero y pronto encontraron suficiente evidencia para justificar su captura y varias acusaciones en su contra—como lo han hecho con Pérez Molina y otros ex funcionarios.

En diciembre de 2013, Baldetti parecía creerse intocable todavía porque relacionó públicamente a algunos funcionarios públicos con el trasiego de drogas. «Hay alcaldes que sabemos que trabajan para el narcotráfico», dijo la entonces vicepresidenta. Se refería a alcaldes en municipios cercanos a la frontera que Guatemala comparte con países vecinos, y hasta dijo que el narcotráfico financiaba las campañas de los jefes ediles. Poco después admitió que carecía de pruebas para respaldar esa acusación. Ese año, un sujeto que integraba la estructura de los Zetas en el occidente del país, que fue capturado, resultó excarcelado y los rastros de su captura desaparecieron por una orden que llegó de la vicepresidencia hacia el Ministerio de la Defensa, según un oficial militar que conoció el caso, pero que pidió omitir su nombre por temor a represalias. En esa época, ya se había divulgado que Marllory Chacón, una guatemalteca sentenciada por narcotráfico en Miami, Florida, habría aportado unos US$2 millones de dólares a la campaña política del Partido Patriota de Pérez Molina y Baldetti en 2011.

En enero de 2014, en la conmemoración del segundo año de gobierno del Partido Patriota en el Teatro Nacional, en la capital guatemalteca, dos mujeres lanzaron un puñado de polvo blanco sobre Baldetti. Mientras que la noticia se extravió en deliberaciones sobre la laxa seguridad personal de la vice mandataria, y en determinar si le lanzaron talcos o cal, extraoficialmente una fuente sugirió que aquello era un mensaje poco subliminal para la vicemandataria, de parte de los alcaldes a quienes acusó de narcotraficantes.

El principio del fin

Mientras tanto, el Departamento de Justicia y del Tesoro de los EE.UU. le seguían la pista a Chacón desde al menos 2012, cuando anunciaron que era una prolífica lavadora de dinero y narcotraficante para el Cartel de Sinaloa. Ese año, según el expediente del caso de Chacón, en una corte de Miami, Florida, ella comenzó a colaborar con la justicia de EE.UU. y se entregó en septiembre de 2014. Para entonces, medios locales en Guatemala habían divulgado que Chacón y Baldetti eran amigas cercanas, y que Chacón hasta llegó a la casa de Baldetti en ocasión de su cumpleaños, aunque ambas lo negaron. Sin embargo, una persona que trabajó en un salón de belleza que era propiedad de Baldetti en la capital guatemalteca afirma que observó a Chacón visitar con frecuencia a la ex vicepresidenta en ese negocio hace unos veinte años. La testigo prefirió omitir su nombre.

El 5 de mayo de 2015, una corte de Miami sentenció a Chacón a 12 años de cárcel, pero también le permitió solicitar asilo a ella y su familia bajo la figura de la Convención Contra la Tortura. Además, a petición de la defensa, la corte selló el expediente de Chacón (algunos documentos claves con sus declaraciones) durante cinco años. La defensa pretendía proteger a su cliente de represalias que podría sufrir por parte de personas a quienes hubiera delatado. En Guatemala, la sospecha era que esas declaraciones implicarían a Baldetti. Sin embargo, 2015 llegó a su fin y la vicepresidenta cayó primero por delitos que presuntamente cometió en su país. Hasta el momento, la única pista de que el testimonio de Chacón podría implicar a Baldetti es que sus últimas declaraciones ocurrieron el mes cuando la sentenciaron, a puerta cerrada (a la prensa se le prohibió la entrada)—el mismo mes en que, según la fiscalía en Washington, D.C., Baldetti dejó de delinquir en ese caso.

Baldetti, en buena compañía

El caso del ex ministro no es menos escandaloso. Su caída se precipitó por la protección que supuestamente ofrecía al narcotraficante guatemalteco Jairo Orellana, después de su captura en 2014, y que consistía en lujos durante su confinamiento en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Los privilegios habrían incluido permitirle darle una golpiza a otro narcotraficante que (antes de también ser capturado) le robó un número no establecido de cabezas de ganado, y celebrar su boda con una mujer que es prófuga de  la justicia: Marta Julia Lorenzana Cordón, cuyo padre y dos hermanos enfrentan procesos por narcotráfico en la misma corte de la jueza Colleen Kollar-Kotelly, que también juzgará a López Bonilla y Baldetti. El ex ministro también proporcionó protección a Chacón en Guatemala, según el mismo ex funcionario lo admitió.

En su comunicado, la Embajada de Guatemala anunció que espera que el Departamento de Justicia de su país solicite la extradición de Baldetti y López Bonilla. Sin embargo, ambos enfrentan diversos procesos por corrupción en el país que podrían retrasar su extradición—más aún si deben cumplir primero una condena en Guatemala. Todavía no hay visos de un anuncio sobre la fecha del juicio. En el caso de López Bonilla, se trata de denuncias sobre contratos irregulares y sobornos a gran escala.

En 2010, Guatemala capturó al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) por un pedido de extradición de EEUU en un caso por lavado de dinero. La extradición ocurrió recién en mayo de 2013. Portillo enfrentaba un proceso por corrupción en Guatemala del que fue absuelto en 2011, después de lo cual luchó por detener su extradición. Salió libre en 2015 después de una condena de 5 años: EEUU tomó en cuenta el tiempo que permaneció detenido en Guatemala antes de la extradición.

Horas después de emitido el comunicado de la Embajada de EE.UU. en Guatemala, José Letona, abogado de López Bonilla, dijo que el señalamiento de EEUU sobre su cliente obedece a las declaraciones de Chacón en Miami. Los abogados de Baldetti aún no se pronuncian al respecto. Hasta hace unos días, intentaban separar del proceso en Guatemala al juez Miguel Ángel Gálvez, una figura clave en el desenlace de estos ex funcionarios tras las rejas. En una audiencia de la segunda semana de febrero, Baldetti dijo que temía por su vida. «Tengo la sensación de que algo malo me va a pasar», declaró la ex vicepresidenta—una premonición, quizá, de cuanto la fiscalía en EEUU tenía entre manos.