ERBOL
La Cámara de Diputados y una fiscal emitieron resoluciones contradictorias sobre una denuncia de acoso sexual contra el diputado de Unidad Demócrata, Santos Paredes. La Cámara Baja declaró improbada la denuncia, mientras que la fiscal Mónica de la Riva halló suficientes pruebas e imputó formalmente al legislador, según documentos que facilitó la víctima.
La denuncia fue presentada en 2015 por Rosa Q. S. exfuncionaria de la Asamblea que trabajaba con Paredes. Según la misma, el diputado se aprovechó de que era jefe de la víctima para pedirle que sea su “mujer” e incluso habría intentado besarla a la fuerza.
La fiscal De la Riva investigó el caso y emitió la imputación en junio de 2016. Según este documento, la víctima declaró que en varias ocasiones sufrió el acoso del diputado: por ejemplo, en febrero de 2015, Paredes la invitó a Oruro con todo pago para estar con él; luego en marzo él la convocó a su oficina y la abrazó a la fuerza para pedirle que sea su mujer y ofrecerle una casa; luego, el tercer episodio fue cuando el legislador le pidió acompañarlo al mercado de Adepcoca y la arrinconó para intentar besarla; otro episodio fue cuando en la avenida Montes el diputado le instruyó que los lleve a la cama, pero ella se negó
De acuerdo con la declaración de la víctima, incluso el diputado le habría comprado un collar para que lo use como símbolo de que le pertenece. Además, ante las negativas de la mujer, el legislador habría llegado a amenazarla con no firmar su boleta de pago.
La Fiscal tomó como pruebas el collar que habría regalado Paredes a Rosa, la declaración de la denunciante, un informe psicológico que encontró en la víctima el síndrome de la mujer maltratada y otros documentos.
De las pruebas, la fiscal De la Riva determinó que el actuar del diputado “se subsume en el tipo penal de ACOSO SEXUAL ya que éste aprovechando su posición jerárquica la hostigó para que pueda mantener una relación sentimental con el sindicado, con promesas de dádivas e incluso ante la reticencia de la víctima bajo amenaza de perder su fuente laboral”.
Sin embargo, para la Cámara de Diputados no existen pruebas contra Paredes y en una sesión reservada declaró improbada la denuncia contra el legislador indígena, representante del pueblo Uru de Oruro.
Rosa denunció a Paredes ante la Cámara Baja por la falta gravísima, dispuesta en el Reglamento de Ética, de “participar en hechos ofensivos y realizar acciones agresivas o violentas en los recintos de el Asamblea Legislativa Plurinacional o en lugares públicos, cuando la conducta de la Diputada o el Diputado atente contra el decoro de la Cámara”.
La resolución de Diputados tomó en cuenta que la diputada suplente de Paredes, Inés López, negó haber firmado documentos que la denunciante presentó como respaldo.
En este sentido, la Cámara Baja determinó que “al no existir prueba que demuestra la existencia de hechos ofensivos y acciones violentas, se concluye que no hubo afectación al decoro y a la imagen de la Cámara de Diputados”.
“Las atestaciones, fotografías y la inspección ocular obtenidas en la tramitación del presente proceso, no han demostrado que el Diputado denunciado Santos Paredes Mamani, hubiera participado en hechos ofensivos y agresiones violentas en los recintos de la Asamblea o en lugares públicos, o que la conducta del Diputado denunciado hubiera atentado contra el decoro de la Cámara de Diputados, en contra de la ciudadana Rosa Q. S”, agrega el dictamen.