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El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó el lunes que exigirá a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que convoquen a una reunión para conocer el proyecto de ley que crea un bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, y que será pagado con recursos de los gobiernos municipales.

«Yo voy a exigir que se convoque a una reunión de emergencia de la Federación de Asociaciones Municipales y de la Asociación de Municipios de Bolivia para que discutamos el tema y conocer en mayor detalle esta propuesta antes de que se apruebe, y de esta manera podamos tomar las previsiones que correspondan», dijo en conferencia de prensa.

Esta jornada, el presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que crea un bono mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave, y garantiza espacios laborales en instituciones públicas y privadas.

Revilla manifestó que una vez que se realice dicha reunión, espera sostener una cita con autoridades del Gobierno nacional y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para discutir el pago de ese bono, que -dijo- «afecta profundamente a las finanzas de los municipios».

Según mencionó, primero se debió realizar un censo de las personas con discapacidad para establecer el número exacto y el monto que los municipios erogarán para el cumplimiento del pago de ese beneficio.

El alcalde lamentó que el Gobierno «haga política con plata ajena», más aún cuando hubo una reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la caída del precio internacional del petróleo.

En el caso de la Alcaldía de La Paz señaló que se carece de recursos para cumplir con el pago de dicho bono.

«El 2015 nuestro presupuesto era más de 2.000 millones de bolivianos, mientras que nuestro presupuesto de 2017 es de 1.800 millones de bolivianos, hay una reducción significativa», remarcó.

Además, aseguró que la Ley de Autonomías establece que no se le puede transferir una responsabilidad, una competencia a un nivel del Estado sin asignarle recursos económicos.

«Ahora nos están transfiriendo una responsabilidad diciéndonos de donde quieran ustedes saquen, puede ser de cualquier fuente, y es que ninguna de esas fuentes ha previsto esos recursos para esta gestión 2017, nos están poniendo en un serio problema a todos los municipios», sostuvo.