Arturo Yáñez Cortes
Aunque -como no podía ser de otra manera- MAQUIAVELO enseñaba: “De vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos”, sostengo que a la justicia boliviana, les está resultando cada vez más difícil, por muchos discursos, propaganda y demás esfuerzos inútiles como su eterno estado de reforma, ocultar su cara más perversa: esta rendida ante el poder partidario que linchó su independencia y se la usa con fines bastardos que no condicen con su naturaleza y esencia. (Lo escribo, como siempre, salvando las honrosas excepciones que existen).
Lo afirmado es una realidad evidente con sólo revisar cualesquier consulta interna sobre la confianza o credibilidad que ese sistema brinda al ciudadano, en la que sistemáticamente aparece en las peores ubicaciones, lo que pretende disimularse –diría yo de forma cínica- hasta por sus principales causantes o por quienes han agravado significativamente ese su calamitoso estado, pues problemas siempre los tuvo.
Fuera de nuestras fronteras, ese (des) prestigio es ya imposible de ocultar o disimular siquiera en cualquier espacio serio. Como ejemplo, resalto que recientemente (1 de diciembre del año pasado) nada más ni nada menos que en una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Lupe Andrade precisamente contra Bolivia), nos haya dedicado -!!touché!!!- esta argumentación: “178. (…) La sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública, no es admisible que se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal incierta a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática. El propio objetivo de combatir la corrupción, ante situaciones susceptibles de convertir el celo por la transparencia en el manejo de la cosa pública en un instrumento antidemocrático, exige que se extreme el cuidado e inclusive se abrevie el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso, en defensa de la salud democrática de todo Estado de Derecho». Más claro, ¿agua bendita no?.
Esa argumentación no aparece dentro de la sentencia de forma casual o como simple obiter dicta (yapa) sino, demuestra que así como está, nuestra administración de justicia está en la mira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues el plausible afán de luchar contra la corrupción (micro corrupción no más, según el presidente y su vice) ha quedado en Bolivia, como sostiene la sentencia, pervertido en un instrumento antidemocrático bastardo, para principalmente ajusticiar a los indeseables del partido mediante sus abogados disfrazados de operadores, que le meten no más.
No sostengo que todos los procesos penales que se ventilan estén revestidos de esa naturaleza, seguro existen casos con materia criminal justiciable y debieran, si terminan finalmente, concluir con una sentencia condenatoria, pero si no se les ha respetado el debido proceso a los imputados, el estado sólo se habrá ametrallado a sus propios pies, dadas las responsabilidades emergentes a mediano o largo plazo y, lo que es peor, nuestros recursos públicos mal usados, no se recuperarán jamás y sus responsables, seguirán impunes por los siglos de los siglos.
A la vista de ese panorama y haciéndose evidente que estamos en la mira de la CIDH, sabiendo que nada es eterno peor si está apoyado en arenas muy pero muy movedizas, para que no se sigan autogenerando más daños contra el muy discurseado Estado, es urgente que su sistema de justicia recupere su cordura y deje de operar como cámara de torturas al ciudadano, cualquiera sea este; siendo útil recordar aquello de DEMOCRITO: “Quien procede injustamente, es más desgraciado que la víctima de su injusticia”.