Miguel Manzanera, S.J.
Dentro del panorama sombrío de las últimas décadas donde se han ido imponiendo políticas de despenalización y legalización parcial o total del aborto, ha surgido una luz de esperanza con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Adelantamos que no pretendemos hacer aquí una apreciación total de sus políticas en distintas áreas, algunas de las cuales son discutibles. Habrá que esperar algún tiempo para poder hacer una evaluación global de sus aciertos y de sus errores en su cargo.
Pero si afirmamos que muy posiblemente Trump pasará a la historia de EE.UU. como el presidente que más decididamente defiende la vida humana de los niños por nacer desde la concepción. Ya está poniendo una serie de medidas en el ámbito federal, incluyendo el poder legislativo y el poder judicial. De hecho en el primer día de su toma de posesión, el 23 de enero de 2017, firmó una orden ejecutiva por la que restauró la llamada “Política de Ciudad de México”, firmada en 1984 en México.
Esta Política establecía las reglas a seguir por el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito internacional exterior. Impedía financiar con dinero público a entidades en el extranjero que promoviesen o ejecutasen abortos, salvo en el caso de peligro para la madre. Esta política fue seguida por los presidentes republicanos, pero no por los presidentes demócratas que la solían suspender durante sus mandatos presidenciales, tal como hizo Barack Obama en el año 2009.
En las recientes campañas electorales la candidata demócrata, Hillary Clinton, prometió ampliar la legislación federal sobre el aborto y favorecer económicamente a instituciones abortistas, como la Paternidad Planificada en EE.UU, y su Federación Internacional (IPPF), que a través de instituciones afiliadas promueve leyes abortistas y financia abortorios en muchos países..
Además el presidente Trump ha anunciado que buscará la aprobación de una ley federal que prohíba los abortos tardíos y la financiación pública a instituciones abortistas. Ese dinero se redistribuirá hacia centros de salud comunitarios que no realicen abortos.
Asimismo Trump ha prometido que designará un juez provida para cubrir en el Tribunal Supremo la vacancia de Antonin Scalia, fallecido en febrero del pasado año. Este brillante jurista católico, casado en 1960 y padre de nueve hijos, entre ellos un sacerdote, ha sido uno de los más grandes defensores de la vida humana desde la concepción, interpretando la Constitución de EEUU conforme al espíritu fundacional de defensa de la vida naciente, frente a intentos de forzar y reinterpretar por ideologías abortistas. Ahora se espera que el nuevo juez a ser nombrado por Trump incline al Tribunal Supremo a ser defensor de la vida naciente.
Este pasado 27 de enero, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, junto con otros miembros del gobierno federal, han participado en la multitudinaria Marcha por la Vida en Washington con el apoyo del mismo presidente Trump. Todo este cambio drástico en la orientación del gobierno estadounidense a favor de la vida del nasciturus se hará sentir en otros países que dejarán de recibir la ayuda de instituciones estadounidenses abortistas.
En Bolivia la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) sostiene el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) que es su miembro pleno desde 1995. Otra institución norteamericana abortista, IPAS Bolivia, actúa en ambientes rurales o periféricos. Pretende que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo métodos anticonceptivos abortistas y el aborto hasta las doce semanas por medio de la aspiración manual endouterina (AMEU).
IPAS Bolivia patrocinó y financió la demanda interpuesta por la parlamentaria suplente del MAS, Patricia Mansilla, ante el Tribunal Constitucional para anular o reformar algunos artículos del Código Penal, entre ellos el art. 266 que regulaba el llamado aborto impune. La sentencia de enero de 2015 prácticamente ha legalizado el aborto en casos de violación, incesto y estupro y de peligro para la salud y la vida de la mujer. Además a través de una inicua Resolución Ministerial de Salud se ha legalizado el derecho a la “interrupción legal del embarazo” incluyendo, también el caso de malformación fetal.
Terminamos indicando que este reconocimiento de la rectitud de Trump en la defensa de la vida por nacer no significa una aprobación global de su gobierno, que ya ha merecido críticas por su política de EE.UU., excesivamente nacionalista, que no corresponde a un mundo que reclama una visión más universal.