REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO
(elPeriódico-febrero 02/2017) La primera reacción del gobernador Adrián Oliva, tras tomar conocimiento de las declaraciones del asambleísta Jorge Arias Soto, fue con humor y un poco de sarcasmo, pero conforme fueron pasando las horas, el contenido de la denuncia fue tomando más repercusión, terminando en una nueva acción penal, esta vez, en contra del denunciante.
No fue Oliva, sino el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, quien salió a la plaza principal para hablar con los periodistas en una rueda de prensa sobre el tema. El fuerte sonido de la banda de música contrastaba con el tenor de la denuncia que hacía conocer el secretario.
“Será ante un juez que el señor Arias Soto deberá demostrar con argumentos de dónde sacó las millonarias cifras que menciona”, dijo García levantando la voz, no por el enojo, sino por el bullicio existente en la plaza principal.
García puso en duda la racionalidad de Arias Soto, al recordar que no es la primera vez que el asambleísta realiza declaraciones de tal magnitud, “lamentamos el grado de irresponsabilidad de la autoridad”, acusó García.
El secretario aduce que el asambleísta se “confundió” al hablar de Oliva, asegurando que las audiencias pendientes por el enriquecimiento ilícito son del anterior ejecutivo departamental, Lino Condori.
“No ha sido al gobernador Oliva a quien se ha sindicado de tener cajas fuertes, sino al señor Condori”, recordó García, indicando que la próxima audiencia cautelar de Lino está fijada para el 07 de febrero.
“Ha excedido el límite de la racionalidad con la irresponsabilidad de estas afirmaciones”, acusó el secretario que confirmó la presentación de una acción penal en contra del asambleísta chaqueño en un juzgado de sentencia por los delitos de injurias, calumnias y difamación.
“Estas aseveraciones están absolutamente alejadas de la verdad”, dijo el secretario sin precisar el monto del patrimonio que tiene el gobernador, acotando que el mismo es público y está en la Contraloría General del Estado.
Sobre este tema, una de las caras más visibles del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija, el asambleísta Rubén Velasco, dijo desconocer del patrimonio tanto de Oliva como de Condori, pero respecto a las declaraciones del secretario de Justicia, como de otros funcionarios de la Gobernación cuestionando la anterior administración departamental, responde que le tienen sin cuidado.
“Son opiniones de actores políticos sin la capacidad técnica necesaria para el cargo que asumen, la población se está dando cuenta de eso y será la misma que juzgue sus actos”, dijo escuetamente Velasco.
Condori es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, según las autoridades de la Gobernación, el Ministerio Público entregó esta información al asambleísta Arias Soto, quien se confundió con el actual gobernador. Incluso denunciaron que Condori tenía cajas fuertes en su domicilio, con montos millonarios sin sustento para explicar este crecimiento económico que se dio a lo largo de su gestión de 5 años.
El asambleísta Jorge Arias Soto denunció que el gobernador Oliva incrementó en un año su patrimonio de unos 10 mil dólares a 7 millones de dólares, también acusó que el principal aliado de la actual administración departamental, Willman Cardozo, reparte “pegas” a su gusto y antojo en las instituciones descentralizadas como el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), la Empresa Tarijeña de Gas (Emtagas) y Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).
“Lo más grave, aparte de las compras menores como licitaciones, es que a los propios empleados les siguen sacando el 10% de lo que ganan”.
Explicó que si un trabajador de las empresas citadas gana un sueldo de Bs 5000, debe aportar a dichas autoridades con el 10%, “de ahí que se explica el enriquecimiento de su patrimonio”, acusó Arias. (eP).