SHIRLEY. A. ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-enero 31/2017) Son al menos 50 familias las que ahora viven en la precariedad y quedaron expuestas a las inclemencias del tiempo, los robos y otros, después de que fueron desalojadas de sus supuestas viviendas en la zona de Pampa Galana, la pasada semana. Sin embargo, las autoridades municipales aseguran que no tienen conocimiento respecto a esta situación.
En la actualidad, las personas afectadas viven bajo carpas, en medio de las calles, en la cancha de fútbol u otros espacios. La mayoría no tuvo la opción de sacar sus pertenencias y ahora duermen en el piso, sobre cartones, en áreas desocupadas, sin otra alternativa que alimentarse de manera colectiva.
Con base en el relato de una de las afectadas, quien prefirió no ser identificada, las personas que vivían en el lugar nunca fueron notificadas y al momento del desalojo se vieron sorprendidas, ya que los funcionarios encargados del operativo supuestamente habrían llegado con la maquinaria, sin dar lugar a que saquen sus pertenencias.
“Yo vi cómo mi casita se vino abajo, no nos dejaron sacar nuestras cosas. Además, quiero denunciar que hasta la misma Alcaldía está involucrada en esto, porque saben que las señoras no son dueñas”, manifestó la entrevistada.
Los afectados viven en el lugar desde hace unos siete años y aseguraron que están atemorizados porque supuestamente fueron amenazados de muerte por el abogado Tamer Medina, quien, según la opinión de los denunciantes, habría solicitado las llaves de los domicilios particulares de los vecinos bajo el argumento que no se les desalojaría, pero no cumplió.
“Habían niños discapacitados que han sido arrastrados con el grupo de choque de Tamer, integrado por universitarios, inclusive nos han amenazado de muerte si salíamos a hacer las denuncias. Han ido a la Fiscalía para sacar el certificado forense y no les quisieron recibir, nadie nos hizo caso”, denunció.
La Alcaldía niega competencia
Con relato de las personas desalojadas, se le consultó al director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, si participaron del operativo. El funcionario negó esa situación, al afirmar que se trató de un tema privado ante instancias judiciales y no administrativas.
“Nosotros tenemos competencia, pero en ese caso en particular no hemos intervenido. Nosotros tenemos varios procesos con la misma temática, pero ahora están pendientes los procesos administrativos tanto en el área urbana como rural”, señaló Rodríguez.
Entre tanto, el fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que lo ocurrido es un tema estrictamente judicial y que no conoce sobre ello, ya que, al parecer, se emitió un mandamiento hacia la Policía y por ende debía cumplirlo, por tanto no puede emitir criterio alguno.
Hay niños que viven en condiciones infrahumanas
Ante la crítica situación en la que se encuentran los menores de edad después del desalojo, se le consultó al representante de la Defensoría de la Niñez, Ramiro Pérez, que acciones se tomará en este caso, para beneficio de los niños afectados, a lo que respondió que hablar del tema es complejo.
“Este tema es delicado, no puedo hablar de esto por teléfono, sobre este caso no, por favor, podemos equivocarnos”, dijo Pérez.