REDACIÓN CENTRAL/BOLINFO
(elPeriódico-enero30/2017) El sonado caso Imbolsur, cuyo proceso derivó en la destitución del entonces gobernador, Mario Cossío, sigue haciendo temblar las paredes de las Gobernación, en esta oportunidad, la institución departamental debió remitir un informe completo sobre el mismo a la Procuraduría General del Estado, misma que prepara una respuesta en defensa del Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
“La información remitida será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de coadyuvar a la defensa internacional del Estado en este caso”, dice la carta enviada por el subprocurador de defensa, Pablo Menacho al gobernador Adrián Oliva.
“Por orden del gobernador se ha remitido toda la información solicitada a la Procuraduría”, confirmó a elPeriódico el secretario de Justicia, Yamil García, quien recordó que este proceso se encuentra en la etapa de apelación y lo más probable es que llegue a casación.
El secretario dijo que la Gobernación no tiene nada que ocultar en el procedimiento de este caso que viene de la anterior gestión, adhiriéndose en la demanda al Ministerio Público con el fin de “precautelar” los bienes del Estado.
García además acotó que periódicamente envían informes de todos los procesos que tienen a la Procuraduría, “se presentan reportes de forma trimestral ante la Contraloría y constantemente recibimos peticiones de informes de diversas instancias”.
El exgobernador Mario Cossío, demandó hace 6 años al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política, teniendo los primeros resultados de su petición.
“La investigación tuvo que pasar por diferentes etapas, por eso tanto tiempo en hacer una exhaustiva revisión del proceso y ahora la Comisión pide al Gobierno boliviano que le dé un informe de todo el accionar en este caso”, recordó la asambleísta de la agrupación Camino al Cambio, María Lourdes Vaca, quien es afín a Cossío.
Vaca se mostró más optimista respecto a este caso que ya tiene una sentencia que absolvió a Cossío, pero que no terminó, pues la Fiscalía y la Gobernación apelaron la determinación del Tribunal Tercero de Sentencia.
“Nos sorprendió la actitud de la Gobernación de apelar, cuando sus funcionarios saben que este caso fue parte de una persecución”, lamentó Vaca, quien afirmó que ésta fue quizás la causal más fuerte para la separación de la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC) de la alianza Unidad Departamental Autonomista (UDA), que hizo ganador a Oliva en la última elección subnacional.
Para la asambleísta, el Gobierno y la Gobernación deben responder una por una a las acciones que hicieron en contra de Cossío en lo que denomina una persecución política.
“En este proceso la Gobernación está cumpliendo el rol que le toca en base a las normativas vigentes”, respondió el secretario sin querer ahondar más en el caso específico. “La decisión de fondo dependerá del Tribunal a cargo”.
El Gobierno debe presentar el informe solicitado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre todos los procedimientos realizados en dicho proceso, posteriormente la CIDH puede sacar un pronunciamiento en base a los resultados de su investigación. (eP).
Caso Imbolsur
Este caso fue abierto contra Cossío en 2009, porque no ejecutó la boleta de garantía de la empresa Imbolsur, debido a un incumplimiento del contrato de provisión de cemento asfáltico para el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
La defensa de la exautoridad siempre alegó que Cossío no tuvo responsabilidad en este caso y que su participación se limitó a resolver sólo un recurso jerárquico, por tanto, las boletas debieron ser cobradas o al menos dependían del Sedeca.
La Gobernación se adhirió al pedido de apelación de la Fiscalía al considerar que sí hubo daño económico al Estado y un mal accionar del exgobernador como de la empresa involucrada.
- El caso Imbolsur inició con una denuncia formalizada el año 2009, la misma que derivó en la suspensión de Cossío en el cargo de gobernador a finales del 2010
- Tres eran los investigados, 2 exautoridades de la Gobernación y el representante de la empresa Imbolsur, Félix Édgar Cardoso, acusado por el supuesto delito de incumplimiento de contrato; el caso prescribió al cumplirse los 6 años de investigación sin resultado. La Fiscalía y la Gobernación apelaron