Mercedes Bluske y Jesús Vargas Villena/Verdadcontinta
(Enero 19/2017) El balance de los últimos 6 años, es que los salarios mínimos aumentaron un 143%, el salario básico 53%, mientras que el aumento al poder adquisitivo fue de 29%. De impuestos, “mejor ni hablar”. Hagan la suma. Así no se puede, son las primeras palabras del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Álvaro Baldivieso Castellanos.
En medio de “duras” leyes impositivas y laborales, los empresarios privados buscan sobrevivir a una de las más fuertes crisis económicas que atravesó Tarija en los últimos tiempos. Multas, crédito fiscal y preavisos, son parte de los componentes del complejo panorama.
“Los ingresos que percibía Tarija se han reducido a la mitad y eso ha ocasionado que a las empresas que estaban trabajando con el Estado no se les pague las planillas. Eso ha originado una crisis estructural en Tarija, que ha repercutido en todos los sectores”, explicó Álvaro Baldivieso.
La falta de pagos es sólo la punta del iceberg, pues conlleva a que la empresa se vea inmersa en una serie de irregularidades; entra en mora con la banca e impuestos, con sus trabajadores, con sus proveedores y con todos los que trabaja para prestar los bienes o servicios. Uno de los sectores más afectados por su relación de dependencia con el sector público, es el de la construcción.
Producto de esta situación, más del 33% de las empresas, de acuerdo a los datos de Fundempresa, no renovaron su licencia de funcionamiento, lo cual, según Baldivieso, significa que un 33% de las empresas han cerrado, han dejado de funcionar, o se han ido a la informalidad.
“Sin lugar a dudas, dos temas dificultan la actividad empresarial, son el impositivo y el laboral”, aseguró
La cara impositiva
Las leyes impositivas fueron descritas por los empresarios privados como “duras”. Desde su perspectiva, las sanciones en determinados casos superan la infracción.
“Cuando una empresa ha cometido una infracción, le clausuran el negocio, lo cual es incoherente. Si una empresa tiene que pagar la multa, cómo le van a cerrar el negocio, impidiéndole que trabaje para pagarla”, expresó Baldivieso.
Al margen de que las normas y sanciones son estrictas con el sector formal, otro de los inconvenientes es que no todas las facturas sirven para descargar crédito fiscal. Esto, en la mayoría de los casos, alienta a que no sean emitidas las facturas y obviamente a la proliferación del comercio informal.
“La renta selecciona. Las facturas que no son del rubro, no las acepta”.
Por ejemplo, si un empresario de la construcción, compra un botiquín y remedios para los trabajadores en caso de alguna emergencia, la misma no puede ser descargada ante Impuestos, debido a que estos productos no están enmarcados dentro del rubro al que está inscrita la empresa.
La soga parece estar cada vez más ajustada al cuello de los privados, pese a que en muchos casos, la empresa no puede cumplir sus obligaciones impositivas, ante la falta de pago del Estado.
“Hay una inequidad ahí. Si el Estado no les paga, cómo pueden pagar ellos al Estado sus impuestos. La renta no perdona esas faltas y aplica las multas. El Estado exige pero no cumple. Eso va en contra de la actividad de los privados”.
La espalda laboral
De acuerdo a una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, a pesar de que la tasa de desempleo en el área urbana disminuyó a 3,2% y a nivel global a 5%, el empleo de mala calidad o precario en Bolivia se amplió por el incremento del sector informal, que llega a 70% de los ocupados.
Bolivia a tiene una tasa de informalidad de más del 70%. Las empresas prefieren pasarse al bando de la informalidad, porque las cargas laborales son otro problema que asfixia a los empresarios. De esta forma, no deben cumplir con aportes de salud ni AFPs (Fondo de Pensiones), al margen de que pueden prescindir de los trabajadores en cualquier momento. Sin embargo, esto fomenta el empleo de mala calidad.
“El hecho de que no hayan preavisos nos parece una aberración. No puede ser que una empresa no pueda despedir a un trabajador, no porque quiera, sino porque los ingresos de la empresa no le permiten mantener su planta con ese cupo de trabajadores”, dijo el presidente de los empresarios privados.
Hasta hace un par de semanas, el empleador no podía despedir a ningún trabajador, pues los preavisos habían sido eliminados, sin embargo, el Tribunal de Justicia hace aproximadamente dos semanas, los restituyó. Esto llevó a que se instalara el viernes pasado una audiencia de reclamo en el Tribunal Constitucioal.
Sea cual fuere el resultado de la audiencia, lo cierto es que las leyes laborales e impositivas ahuyentan no sólo las inversiones privadas, sino también a las extranjeras.
Como expresamos al principio del artículo, el balance los último 6 años, es que los salarios mínimos aumentaron un 143%, el salario básico 53%, mientras que el aumento al poder adquisitivo fue de 29%. Hagan la suma. Así no se puede.