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La Central Obrera Boliviana (COB) determinó el jueves, en Sucre, durante su ampliado nacional, rechazar la sentencia constitucional de preaviso laboral; el préstamo de 150 millones de dólares procedente de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), para apoyar al sector agropecuario; y pide la institucionalización de la Caja Nacional de Salud (CNS).
«Ahora se trata de vida o muerte, trabajo seguro, familia segura, que eso es lo que los trabajadores buscamos, este proceso revolucionario debe seguir para el vivir bien de todos los trabajadores», manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma.
El dirigente informó que la COB, por consenso, determinó iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de la Sala Tercera, Ruddy Flores y Neldy Andrade, quienes denegaron la tutela de amparo constitucional, a quien se le aplicó el preaviso.
«Están favoreciendo a los empleadores, a los ricos», agregó.
Con relación al préstamo de las AFP’s, afirmó que es un «manoseo» del Gobierno nacional, a los recursos confiados a esa administradora.
«Este Gobierno determinó de manera totalmente arbitraria, utilizar el cinco por ciento del fondo de nuestras pensiones, para crear un fondo de 150 millones de dólares, a favor de nuestros padrones», expresó.
En ese sentido, afirmó que la COB pide dejar sin efecto esa determinación.
Por último, sostuvo que es urgente la institucionalización de la CNS, sin embargo, para solucionar el actual conflicto de los trabajadores en salud, que rechazan al gerente general de esa institución, el inmediato superior deberá asumir ese cargo.
«Está en manos del Gobierno, la respuesta a la solución a este pedido que le hacemos, son tres temas sencillos», sentenció.
Mitma dijo que, si no existe respuesta a ese pliego petitorio, la COB, que se declaró movilizada, anunció otras medidas de presión como la huelga indefinida, entre otras acciones de protesta.
El ente matriz de los trabajadores, concluyó su encuentro, con una marcha, desde la sede de la Federación de Trabajadores Fabriles de Chuquisaca hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para rechazar la sentencia que emitió esa instancia judicial, que restablece el preaviso laboral, como mecanismo de despido.