Arturo Yañez Cortes
Entre las muchísimas promesas que el régimen hizo al llegar al gobierno, estaba cambiar la justicia. Hoy, luego de más de 10 años de ejercicio (demasiados para mi gusto democrático, se trata de quien se trate) nadie podría razonablemente negar que efectivamente logró cambiar el sistema de administración de justicia… pues hoy está mucho peor del estado en que lo recibió (y conste que en aquél momento tampoco estuvo tan bien que digamos).
Pues bien, seguramente a la vista del estado calamitoso de la administración de justicia boliviana rendida a los pies del jefazo, el Presidente acaba de sacar de la galera, un nuevo paquete de “reformas” que sumadas a las ya aplicadas -con deplorables resultados (“elección” de masistrados, leyes 04, 07, 586, etc)- propone ahora cadena perpetua para los violadores y asesinos de niñ@s; destitución para los jueces y fiscales que suspendan o no asistan a audiencias y, no podía faltar, suspensión y hasta muerte civil (profesional, afortunadamente) para los abogados chachones a las audiencias.
Ciertamente que un crimen como el que propone recetar cadena perpetua es uno de los más execrables y también, entre los muchos problemas que aquejan a la justicia penal, está el de las continuas suspensiones de audiencias; aunque sostengo, es una fatuidad pretender solucionar el problema cortándoles la cabeza a los operadores, pues más que enfermedad, las suspensiones son síntomas de problemas de mayor calado del sistema, entre otros: escasos operadores y muchos procesos (varios absurdos, por no tener el valor civil de evitar el avance de procesos inventados o forzados), pésima gestión de audiencias, estrategias de litigio anacrónicas, etc.
Sostengo que esta “nueva” propuesta presidencial (que en parte ya fue formulada por su yunta vicepresidencial) es un capítulo más del populismo que caracteriza al régimen, esta vez en su vertiente penal o punitiva. Para Eduardo JORGE PRATS, el populismo penal: “es la estrategia desplegada por actores políticos y funcionarios del sistema penal, encaminada, aparentemente, a remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad”. Implica una alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana la necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero”, a sabiendas que son respuestas eufemísticas, viscerales y demagógicas que no solucionan los problemas de fondo de manera sostenida y, frecuentemente, terminan incrementándolos.
Por ejemplo: ¿Cree usted que la pomposa ley de lucha contra la corrupción e investigación de fortunas, pese a su brutalidad, ha logrado disminuir siquiera la corrupción? O: ¿Se investigó la flamante fortuna de algún nuevo rico del partido de gobierno? ¿La Ley de descongestionamiento y efectivización del sistema penal logró su propósito? ¿Bajaron los “feminicidios” con la ley de violencia contra la mujer?
Prueba de la manifiesta demagogia de la nueva propuesta es que, pese a que la violación y asesinato de niñ@s es uno de los peores delitos y merece la pena máxima de cualquier sistema, la propuesta –si es que considera que esa es la vía adecuada para combatir esos delitos- queda corta respecto de otros delitos tan o peores de reprochables, por ejemplo el asesinato en cualquiera de sus variedades o el genocidio que también merecen penas máximas dada su gravedad, pero que de aprobarse la reforma, quedarían pese a eso, con un grado de menor reprochabilidad dentro del “sistema”.
Respecto de la mano dura a los operadores, es absurdo pretender castigarles de manera desproporcionada e irrazonable, aplicándoles sanciones inconstitucionales y con penas más graves e inmediatas que las que corresponden a casos comprobados de corrupción funcionaria, aunque, sospecho que como ocurre con la Ley No. 04, la reforma pretende ser usada para deshacerse de los operadores incómodos para el régimen. MONTESQUIEU decía por ello: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.