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Ignacio Mendoza es un abogado mexicano. Aunque ejerce libremente su profesión, tiene un pasado que lo hace un sobreviviente de la llamada guerra contra las drogas. En 2009, en lo que se llamó como el mayor operativo de captura de funcionarios relacionados con grupos criminales, conocido como «Michoacanazo» –por haberse desarrollado en el estado de Michoacán (Occidente)- fue detenido y enviado a prisión junto con otras 36 personas por su presunta relación con narcotraficantes.
Fue una noticia de enorme impacto en los medios. Pero al poco tiempo Mendoza salió libre junto con todos los demás: las pruebas no sostenían las acusaciones. El operativo, afirma, sólo fue un intento del ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, por mostrar resultados en su guerra contra el crimen organizado.
El 8 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa anunció el «Operativo Conjunto Michoacán», que consistía en el envío de 4.200 elementos del Ejército, 1.000 de la Marina y 1.400 policías federales para contener la ola de violencia que entonces se libraba en este estado, dominado por el cártel de La Familia Michoacana y bajo un gobierno de izquierda, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El Ejército dejó los cuarteles para asumir las funciones de policía civil. Fue el puntapié inicial de lo que se llamó luego «guerra contra el narcotráfico».
La estrategia de Calderón fue continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto, con resultados no menos alentadores. En esta década se suman miles de muertos, desaparecidos y escenas de horror nunca vistas en México, como miles de piezas de cuerpos que todos los días brotan de fosas clandestinas.
Las cifras difieren entre sí, pero al menos, a septiembre de 2015, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) reconocía 27.000 desaparecidos, más de 155.000 homicidios dolosos entre 2007 y 2015, de los cuales al menos 91.406 estarían relacionados con el crimen organizado, según un reporte de Lantia Consultores, un think tank mexicano especializado en temas de seguridad.
Durante el sexenio de Calderón (2006-2012) se detuvo o abatió a 45 líderes de grupos criminales, mientras que la administración Peña Nieto presume 93. Sin embargo, la estrategia de «descabezamiento» seguida por los dos presidentes ha fragmentado al crimen organizado, que pasó de siete a dos grandes cárteles, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cientos de células remanentes de organizaciones que ya fueron desmanteladas como Los Zetas, los Caballeros Templarios y Los Beltrán Leyva, entre otros, y ha convertido al país en un territorio en disputa ya no sólo por parte de las bandas del narcotráfico, sino también de quienes secuestran, extorsionan y se dedican a la trata de personas, principalmente mujeres.
Como sucede en el estado de Guerrero (Centro), donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde no existe información exacta de si son 10 o 50 los grupos criminales que operan en el territorio.
En los dos años que restan de la administración del presidente Peña Nieto, no hay muchas esperanzas de que los resultados mejoren: «El sexenio no tiene rumbo, todavía va a haber miles de muertos», afirma a Infobae Javier Oliva Posada, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que actualmente realiza un año sabático en el King’s College de Londres.
El académico afirma que no son dos sino tres los presidentes que han lanzado estrategias contra las drogas, el primero fue Vicente Fox el 11 de junio de 2005, con el programa llamado «México Seguro», pero ninguno ha logrado resultados que vayan a solucionar la violencia, porque simple y sencillamente «no está clara la estrategia».
Quince detenidos por día, pero el crimen sigue
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un informe con resultados al 31 de octubre de este año, destaca de que desde diciembre de 2012 –cuando asumen Peña Nieto- a octubre de 2016, se han detenido 22.452 personas por narcotráfico, es decir, 15,3 por día. Sin embargo, el impacto no es el deseado porque México no sólo acumula una década de guerra, sino también «una acumulación de errores», dice Oliva Posada.
En esa acumulación de errores enumera el haber nombrado en 2013 a Miguel Robles Bárcena, un veterinario maestro en Ciencias de la Salud y Reproducción Animal, como secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de inteligencia del Estado.
Estos errores también convirtieron a la mafia mexicana en una de las más globalizadas e importantes a nivel mundial, y a que sus grupos tejieran alianzas con peligrosas pandillas como las maras centroamericanas.