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El empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseguró el martes que la venta de acciones de la cementera Soboce al Grupo de Cemento Chihuahua de México, en 2005, fue legal y en el marco de las leyes bolivianas vigentes en esa época.
«Esa transacción ha sido lo más transparente, no hay nada ilegal en ese tema (…) en esa negociación se acordó que se iba a hacer bajo la leyes bolivianas y así fue, una transacción de acuerdo a las leyes bolivianas», remarcó en conferencia de prensa.
Horas antes, el vicepresidente Álvaro García Linera denunció que la familia de Doria Medina usó puentes con paraísos fiscales mediante una empresa que creó en Panamá, denominada Akapana S.A., para evadir el pago de impuestos por la venta de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
García Linera explicó que el montó declarado ante el Estado por la venta de esas acciones fue de 80 millones de bolivianos, pero la ganancia real fue de 297 millones.
A contramano, Doria Medina dijo que en las transacciones que se hacen entre dos empresas de distintos países tiene que haber un acuerdo para hacer la compra y venta, y aseguró que entre Soboce y la mexicana Cemento Chihuahua acordaron hacer la venta bajo las leyes bolivianas, pero mediante una empresa en Panamá, por eso su familia creo Akapana S.A. en ese país.
«En el momento que se hizo esa transacción se acordó con la empresa mexicana que se hacía una transacción fuera del país y se hizo esa empresa para esa transacción, como es usual cuando se hacen transacciones fuera del país», complementó.
Doria Medina admitió que la compra en Bolivia la hizo Akapana por un monto menor al que vendió las acciones a Chihuahua en Panamá.
«La primera transacción se vendió al valor en libros, al valor que estaba en los libros de la empresa, eran 260 y tantos millones de bolivianos, se pagó impuesto por ese monto, después, semanas después se hizo una transacción entre esa empresa fuera del país a los mexicanos y se vendió a un precio acordado de mercado superior», explicó.
Según Doria Medina, el Vicepresidente presentó esa denuncia porque el Gobierno no puede sostener la acusación por daño económico al Estado, por el supuesto desvió de 21 millones de dólares a la privada Funda-Pro, según una investigación reciente del Ministerio Público.
Doria Medina está acusado de transferir, de motu propio y lejos de la normatividad nacional, 21 millones de dólares del erario público a cuentas de particulares en 1992, cuando ejercía en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.