No uno, dos o tres sino varios informes, tanto internacionales como nacionales, han dado la voz de alerta respecto de la poca importancia y cuidado que le damos los bolivianos al agua, no obstante su capital importancia.
No se trata solo de la desigual distribución pues detrás de esto hay también factores geográficos y climáticos, pero también una deuda histórica de los gobiernos de turno –tanto nacionales como departamentales- que no han implementado las obras de envergadura para asegurar una mejor distribución y facilitar el acceso al recurso a los millones de bolivianos para quienes el agua potable resulta difícil y onerosa.
A más de ello, es indudable que fenómenos como el calentamiento global nos afectan con consecuencias directas en la pérdida de glaciares (reservorios congelados de agua dulce) y fuentes de agua, así como la falta de lluvias que llevan a devastadoras sequias.
Lo indudable es que el agua escasea, lo que redunda directamente en la disminución de tierras cultivables y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Si a ello agregamos la mayor demanda de agua por parte de consolidados urbanos nuevos y otros que se expanden y expandirán cada vez más, así como el uso intensivo que hacen de este recurso las industrias en crecimiento, pues hay motivos para más que preocuparnos.
No podemos hacer oídos sordos a esta realidad. La escasez del agua en algunas zonas ya fue causa de graves conflictos sociales como la “guerra del agua en Cochabamba”, lo que demanda un monitoreo permanente y adecuado de las entidades gubernamentales.
Por ejemplo, entre los principales reclamos de la población frente a las operaciones mineras y petroleras están garantizar la provisión y evitar la contaminación del recurso hídrico. Estos episodios son frecuentes y deben merecer atención prioritaria, y sus alcances explicados a los sectores que se perciben como los más afectados, especialmente agricultores y comunidades originarias.
La tecnología también puede ayudar mucho, sobre todo en el tratamiento y reciclaje aguas residuales. Este enfoque debe ser promovido por políticas gubernamentales.
Está en juego el aprovisionamiento de agua, fuente de vida en el sentido más básico y amplio del término. Urge una actitud más proactiva de las autoridades, en conservación ambiental, garantizar las fuentes de agua dulce, hacer cumplir las normas y muy especialmente asegurar la calidad y salubridad.