Raúl Pino-Ichazo Terrazas
(Abogado Corporativo, Doctor Honoris Causa, Escritor)
Todas las sociedades sensibles, solidarias y amantes de la especie humana, sin la execrable distinción de género, están preocupadas en forma perspicua y constante por la brutal violencia sexual y el feminicidio que crece y se establece en América Latina.
Esta incontestable realidad que viola el máximo concepto de respeto a la vida que es un bien divino y jurídico inderogable, genera que las sociedades reflexionen sobre sus propios fallos para asumir culpabilidad por el alto costo en la pérdida del progreso en cada país, y este progreso debe consolidarse en el mejoramiento de la aplicación del Derecho pues la impunidad es un elemento que procrastina el avance de las sociedades, perpetua la violencia y la discriminación de las mujeres, que son los seres más importantes de la creación.
Hoy, en las ciudades latinoamericanas y en el campo ningún hogar es un refugio seguro para conservar la integridad física y hasta la vida. El afán subalterno de mantener la primacía del hombre, decanta en la ineficiencia de los departamentos de Policía que transforma su responsabilidad en una verdadera aporía debido a que continúa siendo muy peligroso denunciar a los agresores de mujeres y niñas, para la propia víctima y sus familiares.
Este desajuste en las sociedades no es un problema fácil ni sencillo, por lo contrario, muy complicado, empero, solucionable; para ello se requiere leyes draconianas que determinen la pena sin absoluta posibilidad de medidas sustitutivas menos de indulto, y políticas públicas , ciudades seguras, transporte seguro y solvente, escuelas seguras para evitar el acoso escolar, germen donde se inicia la violencia y sobre todo el compromiso conciencial sin prescripción entre hombres y niños en la construcción, consolidación y defensa a ultranza de una cultura que extermine definitivamente y en todos sus formas posibles la discriminación contra las mujeres y niñas, eliminando la recurrencia del feminicidio.
Este cambio debe suscitarse a muchos niveles, tanto en las estructuras culturales como físicas de las sociedades y, aunque se registran algunos progresos en 18 países de Latinoamérica con la adaptación en la legislación para asegurar que el feminicidio sea investigado inmediatamente y castigarlo, que no deja de ser un lirismo pues existen leyes, empero, no se implementan duramente con la coacción, que es el brazo policial.
Esta tendencia debe implantarse ecuménicamente y todos los gobiernos deben reconocer imperativamente la cruel dimensión y las implicaciones que acarrea la violencia contra mujeres y niñas, como efecto y, como resultado, una fortísima acción judicial para lograr el cierre de los casos con condenas ejemplarizadoras que despierten el temor y la reflexión, sin un atisbo de posibilidad de indulto, como condición insalvable (conditio sine aequanon).