(ABI).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo el martes que el Gobierno de Estados Unidos protege al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus exministros Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en octubre de 2003, y no da vía libre al retorno de ellos al país.
«Estados Unidos se convierte en refugio y su Gobierno protege a gente que cometió crímenes de lesa humanidad y no da vía libre a la extradición, después de que el Estado Boliviano cumplió con cada uno de los procedimientos», apuntó.
Con relación a la solicitud de informe sobre el caso de ‘Octubre negro’ que hizo una comisión de la Cámara de Diputados, Guerrero aseguró que está dispuesto a responder a cualquier petición sobre todos los esfuerzos que se hace desde Bolivia para extraditar a personas que agraviaron a los bolivianos y causaron la muerte de al menos 60 personas y dejaron heridas a otras 400.
«Nosotros estamos trabajando no solamente por un compromiso institucional o del Estado, sino personal y por ello cumplimos con todo lo que establece el procedimiento e iremos a responder donde nos digan», enfatizó.
Recordó que en 2008 cuando no ocupaba el cargo de Fiscal General se presentó la primera solicitud de extradición que fue devuelta con observaciones entre 2012-2013, aduciendo que existía dualidad de los tipos penales entre EEUU y Bolivia.
Indicó que esas observaciones fueron enmendadas y en trabajo con varias instancias del Estado y las propias víctimas de ‘Octubre negro’, se presentó la segunda solicitud de extradición, complementando con más pruebas, documentos, videos, fotografías, testimonios y otros.
Indicó que el tratado EEUU-Bolivia no establece plazos para dar curso a esa solicitud de extradición y solamente indica «que se debe dar curso a la brevedad posible, en un tiempo breve».
Según indicó la extradición de Sánchez de Lozada pasa por la decisión y voluntad política del Gobierno de EEUU.
Dijo que él y una comisión de las víctimas estuvieron en EEUU y hablaron con personeros del Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense.
«Más allá de la solicitud de extradición, de las formalidades y el cumplimientos de los procedimientos, estamos permanentemente indagando, averiguando y solicitando información a las autoridades estadounidenses, pero ellos muestran una actitud clara de proteger, de no dar curso a la solicitud por parte del Estado Boliviano», dijo Guerrero.