SHIRLEY. A. ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-octubre 12/2016) Los médicos de Tarija esperan respuesta del Ministerio de Salud sobre la problemática de los ítems, razón por la que no decidieron llevar adelante movilizaciones o medidas de presión, sin embargo se mantienen en estado de emergencia.
El presidente del Colegio Medico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, informó que están a la espera de un pronunciamiento o respuesta por parte de la ministra de Salud, Ariana Campero, caso contrario analizarán las próximas medidas a tomar.
“Quiero aclarar que no bajamos los brazos en ningún momento, solo estamos a la espera de un comunicado oficial manteniéndonos en estado de emergencia”, dijo Oquendo.
Asimismo informó que el Colegio Médico de Bolivia se pronunció sobre el conflicto de los ítems que preocupa al sector salud en Tarija sobre la supuesta irregularidad que se han presentado en la dotación de plazas.
Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paul Castellanos, sostuvo que continúan a la espera de la dotación de ítems. “Le corresponde a una instancia departamental coordinar la asignación y designación de los ítems a través de las convocatorias públicas”, dijo Castellanos.
De la misma manera, instó a los asambleístas a convocar a la ministra de Salud para que se asigne el número de ítems que le corresponde a todo el departamento de Tarija para su distribución.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, explicó que la entidad se encuentra “muy preocupada” por lo que ocurre en Tarija ya que el Ministerio de Salud entregó 83 ítems a los municipios “alterando” la norma conocida.
Ministerio de salud
El Ministerio de Salud se encuentra a la espera del informe que debe presentar el Sedes sobre la distribución de ítems, así lo dio a conocer su representante Elizabeth Morales en un contacto telefónico con el diario elPeriódico.
Morales afirma que durante todos los años se gestionaron los ítems para Tarija, sin embargo hasta la fecha se desconoce dónde se encuentran los mismos, ya que pese a tener normativas legales en la que establece que el 70% debe ir destinado al área rural y el 30% a la urbana no se estaría cumpliendo. (eP)