VÍCTOR BURGUETE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-octubre 09/2016) La más que probable aprobación de la Ley de Transferencia de Recursos Económicos para los Gobiernos Municipales, que estipula la transferencia directa del el 8 por ciento de las regalías de hidrocarburos para 8 municipios de Tarija (a excepción de los 3 municipios de la Provincia Gran Chaco), augura un nuevo conflicto político en el departamento de Tarija. Esta ley, promovida por la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), ha sido aprobada ya en Comisión en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por lo que se prevé que esta próxima semana sea llevada al pleno para su aprobación.
Sin embargo, la ley ha suscitado discrepancias antes de ser aprobada y desde la bancada de Unidad Departamental Autonomista (UD-A) han expresado su disconformidad con la futura norma ya que la consideran “inconstitucional”. No obstante, desde la AMT consideran que el objetivo principal de la norma es ordenar la forma en la que se actúa con los proyectos concurrentes y distribuir los recursos entre los distintos municipios.
“Esta ley ha sido modificada en su naturaleza. La AMT presentó un proyecto inicial en el que establecía un porcentaje del 8 por ciento del IDH pero en esta ley hablaba de la concurrencia con el Gobierno departamental. La concurrencia es una figura que está establecida en la norma que se ejecuta cuando existe un acuerdo entre partes y obedece a un plan departamental de desarrollo. En este caso establece una ley de transferencia inmediata a los municipios, quita la concurrencia y dice transfiéranme el 8 por ciento de los recursos departamentales”, indicó a elPeriódico la vocal de la ALDT y asambleísta por UD-A, María Lourdes Vaca.
Pero además, resaltó la asambleísta, establece en otro artículo que en caso de incumplimiento de los plazos por parte de la Gobernación en el desembolso a los municipios ellos tienen toda la potestad para pedir al Gobierno nacional que se debiten de manera automática.
“Esa es una violación expresa a la autonomía departamental. Lo que se pide es que se cedan recursos departamentales para otro nivel de gobierno que tiene recursos propios. Esto va en contra de la propia Constitución que establece cuáles son los niveles de gobierno. Aquí básicamente lo que se está haciendo es sacar recursos de un nivel de gobierno para otro nivel de gobierno sin que exista un acuerdo de partes o convenio intergubernativo que sea ratificado por la Asamblea departamental. Estamos hablando de un monto que pasa de 108 millones a 146 millones hay un 32 por ciento de incremento”, subrayó Vaca.
Asimismo, a juicio de la bancada de UD-A, la ley no es adecuada porque establece el 1 por ciento de manera igualitaria a 8 municipios sin tomar criterios de población. “En el caso de Cercado tenemos más de 200.000 habitantes y un monto de 87 bolivianos por habitante a diferencia de Yunchará que tiene 5.490 habitantes y le da un ingreso per cápita de 3.271, es decir 37, veces más de lo que se da a Cercado. Hay un desequilibrio en distribuir los recursos y una discriminación absoluta para los municipios”, apuntó la legisladora por la provincia de Cercado.
Es por estos motivos que consideran que a través de la trasferencia directa se van a ejecutar los recursos de “manera arbitraria sin ninguna visión de planificación departamental”.
Versión de la AMT
Sin embargo, el criterio vertido por la asambleísta de UD-A no coincide con el planteamiento hay la visión del presidente de la AMT y alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, quien destacó que la ley fue socializada con todas las fuerzas políticas departamentales las cuales aportaron y enriquecieron el proyecto. Además, para Ruiz la norma se ajusta a la Constitución ya que el criterio de distribución se asemeja al utilizado en la provincia Gran Chaco con sus tres municipios.
“Esta ley la planteamos hace un año en una reunión con el gobernador y le gustó la idea. Desde esa época la ley ha venido sufriendo algunas modificaciones. En primera instancia hablaba de un monto fijo, después de porcentaje y tomando el ejemplo y coordinando con los alcaldes del Chaco, porque ya hay un criterio de distribución en el chaco que recibe el 45 por ciento (de las regalías) y de ese 45 va el 30 por ciento para todas las alcaldías. Ese criterio de distribución es lo que queremos tener. Un criterio de igualdad. Yacuiba no recibe más que Caraparí y Caraparí tiene menor población. Reciben el mismo porcentaje. Ese ha sido el criterio de distribución. La Gobernación de Santa Cruz también habla de porcentajes pero el ejemplo más cercano es el Chaco tarijeño. Yo no veo que haya inconstitucionalidad”, manifestó Ruiz a elPeriódico.
Otro aspecto importante de la ley, según Ruiz, es que la norma le dará el uno por ciento en todos los municipios pero es el 1 por ciento mínimo. “El gobernador seguirá manteniendo su potestad de seguir entregando recursos donde el vea conveniente de acuerdo a su política pública departamental. Un ejemplo claro es que la semana pasada el gobernador ha firmado un convenio de 90 millones de bolivianos con el alcalde de Cercado de los cuales ponen 45 millones cada uno. Ha firmado convenios con el municipio de Padcaya por 76 millones de bolivianos, ha firmado un convenio con el municipio de Bermejo por 26 de millones de bolivianos y también con Yunchará y San Lorenzo”.
Presupuesto de las Subgobernaciones
La futura ley también ha sacado a escena a los subgobernadores ya que según la interpretación de UD-A, para transferir ese 8 por ciento se deberá restar presupuesto a las subgobernaciones.
“Aquí a alguien tienes que sacarle del presupuesto entonces si le das a los municipios el 8 por ciento del total de las regalías tienes que afectar a los subgobernadores o a programas y proyectos de impacto de la Gobernación”, aseguró Vaca.
Una visión que para el alcalde de Uriondo no es más que “una estrategia política” para acercar a los subgobernadores a la línea de la Gobernación.
“Es parte de su posición política más que de un argumento técnico. ¿Por qué está firmando convenios con los municipios? Ellos se contradicen. Es una gestión de la Gobernación que tiene doble discurso. Siguen firmando convenios entonces les debería afectar a los subgobernadores. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren tener la fuerza para atraer a las autoridades que no son de ellos. Sin embargo, todos los alcaldes del departamento están de acuerdo con que se lleve adelante esta ley”.