Sergio Reyes Canedo
(Post Grado Derecho Constitucional)
Desde que al Fantasma de la crisis en Bolivia, se le cayó la “sabana blanca” junto a los precios internacionales del petróleo, también quedarón desnudos “auto-gobiernos de facto” dentro el territorio del país y dentro del gobierno también.
ENCLAVES DE FACTO.- Territorios y grupos humanos que se encuentran insertos dentro, con características de tipo político, que reclaman los privilegios que ahora, el gobierno de Morales no puede sostener por mas tiempo, y que muestran su vital existencia “marcando” territorio, reclamando privilegios y cuya organización compite con la propia estatalidad.
Los cooperativistas mineros, aliados del “proceso de cambio” (denominativo de la coartada ideológica del MAS), a los que el gobierno mantenía privilegios extraordinarios en materia impositiva y una particular forma muy “capitalista” de explotación de minerales, donde otros “sirvientes” de clase minera, eran también explotados, a quienes con la venia gubernamental, eran desprovistos de sus derechos laborales mas elementales.
Este parasitario segmento, secuestro, torturó y asesinó a un vice-ministro enviado al frente de conflicto, sin resguardo ni cautela, “curiosamente”, conociendo de antemano que se hallaban armados y alcoholizados.
Un celu-video, se publicitó en todos los medios, cuando cocaleros “barrieron” con todo el contingente de policías encargados de la erradicación de cocales, el saldo de decenas de policías heridos por dinamita y armas de fuego, y las imágenes de desesperación de los uniformados escapando por un río, sirven de muestra pedagógica, la debilidad institucional.
Los colonizadores cocaleros, toman extensiones territoriales, declaradas reservas ecológicas y biológicas en abusiva apertura de nuevas fronteras cocaleras, al margen de la ley, presumiendo a los cuatro vientos que el presidente Morales es “presidente” también, de las 6 federaciones que “gobiernan” el trópico y cuya capital se disputa entre Ivigarzama y chimoré; ultimo lugar donde Morales inauguró un aeropuerto de categoría internacional.
Pero, dentro del propio gobierno, se mueven también, bajo sus propios “territorios” y “leyes” ENCLAVES DE FACTO que disponen de los recursos estatales sin el debido control y fiscalización, así como el patrimonio, y la vida de personas que “estorban” el universo privado de sus “gobernantes”.
El 11 de noviembre de 2013. El diario “Pagina 7” denunció al FONDO INDIGENA por malversación; al día siguiente, un dirigente de los Ponchos Rojos amenazó a la autora del reportaje con «ponerla en su lugar” y al diario con ocupar sus instalaciones.
El presidente Evo Morales reaccionó después de un mes a las denuncias. Los resultados de la investigación, fueron conocidos un año y dos meses después. El 12 de febrero de 2015, la Contraloría elevó un informe en el que detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, aunque los responsables habían recibido la totalidad de los recursos de manera anticipada. También reveló que había otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos, en tres pagos, pero que los mismos no fueron cerrados ni se tenía constancia de su ejecución plena.
Son mas de 4.700 personas en procesamiento; la mayoría de ellas, forman parte de lo que Morales llamó “…La reserva moral de Bolivia”.
El Índice Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, estableció que Venezuela y Bolivia encabezan la lista de los países más corruptos del mundo, en una nómina de 138 naciones que fueron analizadas.
En el departamento mas “rico” de Bolivia (Tarija), que recibe regalías de casi el 86% de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, sobre una acusación “formal” se destituyó de su cargo al gobernador elegido para colocar en su lugar a Lino Condori militante del partido de Morales.
Durante 4 años 5 meses y 17 días, pese a que el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional las porciones normativas que se usaron como pretexto para el golpe, se desmanteló todos los proyectos de desarrollo y de rentabilidad social que se ejecutaban, hasta ahora no se explican el destino de mas de 18.000 millones de bolivianos que parecieran haberse “evaporado” de las arcas departamentales.
En el mismo departamento, en la ciudad fronteriza de Yacuiba, un atentado terrorista contra un canal de televisión dio casi de inmediato con los autores materiales; entre ellos se sindicaba, a un funcionario militar de la casa de gobierno. Pese a las pruebas el hecho nunca se esclareció.
Gabriela Zapata, reconocida por el mismo presidente Morales como su pareja durante varios años, esta involucrada en el presunto delito de tráfico de influencias, por la calidad gerencial oculta de empresas chinas, que se adjudicaron millonarios contratos mediante licitaciones directas que hasta hoy no se esclarecen. Cuando el escándalo se desató, casi todo el gabinete ministerial salió a la escena pública intentando desenfocar el tráfico de influencias con los pormenores de telenovela.
En Bolivia, los crímenes perpetrados por los aliados del gobierno y muchos de sus propios funcionarios, son elevados a categoría de “glorias militares” o “victórias políticas”; en tanto, los delincuentes que pueblan las cárceles, casi siempre son los destacados con armas cortas y métodos “caseros”; distintos de los primeros, quizá, solo por defectos de pobreza y artesanía.