LEONEL SUAREZ Q./BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-oct 04/2016) Desde la Gobernación de Tarija refutan las observaciones realizadas por el concejal de Cercado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Gallardo, al Decreto 017 de Reactivación Económica del Departamento, argumentan que la normativa está dentro del marco normativo legal vigente en el país.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, manifestó que todos los ciudadanos bolivianos deben regirse sobre el ámbito de las facultades y competencias de cada cual, remarcó que un concejal no es la instancia para determinar la inconstitucionalidad de ningún género normativo.
“De hecho, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) obliga a que todos los ciudadanos presuman la constitucionalidad y la aplicación de toda norma hasta que su caso sea el TCP defina algún tipo de contradicción con la Constitución Política del Estado (CPE) –expuso García-. Habiendo revisado las observaciones a algunas de las disposiciones del Decreto, observamos en general que el criterio que se asume, es que ya estaría regulado por el Decreto Nacional 181, o por otras normas, pero en ninguna parte de las observaciones del Concejal evidenciamos ninguna contradicción especifica en cuanto a una norma que indique una situación y que la CPE indique lo contrario”.
García explicó que el Decreto 017 establezca ciertos lineamientos y procedimientos que estén además regulados en otra normativa, no lo hace inconstitucional, ejemplificó que a nivel nacional existe la Ley 3741 del Prosol y que en todo caso no debería existir otra ley departamental del Prosol.
“Lo que el Gobernador realizó es el desarrollo normativo, reglamentario, que se encuentra explícitamente por numerosa jurisprudencia constitucional –agregó García-. Yendo al detalle, observamos que al no tener fundamento jurídico claro, pues la observación es de orden político y no jurídico, ya que hace referencia incluso al expresidente Víctor Paz, utiliza un calificativo político”.
El Secretario de Justicia cuestionó a Gallardo, ya que no se está dando cuenta que a nivel nacional existe un número importante de decretos que van en similar sentido, puntualizó que se tiene que la administración de las pensiones de todos los bolivianos, es una facultad y competencia del nivel central, pero quien los administra son entidades privadas como las AFP’s.
“No por ello se va afirmar que se está privatizando los fondos de pensiones de los bolivianos, la obligaciones de registrar a las empresas a nivel nacional, también es una competencia del nivel central –dijo García-. Sin embargo, existe el sector privado que es Fundempresa que asume esta tarea, tarea que ha sido continuada por la gestión del Presidente”.
García dijo que es contradictorio el análisis realizado por Gallardo en cuanto a sus apreciaciones, añadió que si se pretende examinar las competencias de la Gobernación, provoca preocupación lo acontecido en la gestión 2015 cuando se suscribió un contrato millonario para financiar la conversión de vehículos diésel-GNV, conociendo que esta era una competencia nacional. “Nos preguntamos, ¿Dónde estaba el concejal Gallardo?, que no le dijo a su compañero Lino Condori que no podía generar ese tipo de gastos en competencias que no eran departamentales”, aseveró.
La autoridad lamentó que en pasadas gestiones se asumieron compromisos por parte de la Gobernación ocasionando un endeudamiento, haya habido una posición pasiva, de silencio, por parte de muchas autoridades. Enfatizó que como Gobernación se está en la dinámica de poder proponer al departamento, alternativas para poder generar mecanismos que vayan a concluir con resultados positivos a favor del departamento, fomentando la reactivación de la economía departamental.
García explicó que artículo 20 de la CPE, posibilita a todos los niveles de gobierno a generar la provisión de los servicios a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. Remarcó que también existe la Ley de la Empresa Pública en donde admiten una serie posibilidades societarias o accionarias, del cual no necesariamente el aporte es público, sino que posibilita la participación del sector privado.
“Nosotros no encontramos ningún tipo de contradicción, incongruencia, en cuanto a lo jurídico –aseveró García-. En lo financiero, considerando que se ha observado que supuestamente se están generando gastos en propaganda por parte de la Gobernación, también le instamos al Concejal a tener una visión integral del Gobierno Autónomo Departamental y también sugerirle que haga análisis comparativo de la frecuencia y el uso del gasto de la Asamblea Legislativa Departamental, ahí se observa que Tarija gasta un presupuesto superior por 3 veces más que Chuquisaca, Beni y otros departamentos”.
Invitan a debatir el Decreto 017
El representante de la Gobernación señaló que están abiertos a debatir, discutir o compartir cualquier tipo de observaciones jurídico o constitucional.
Respecto a la observación que realizó Gallardo por invasión de competencias al Estado y municipios por el tema de los servicios básicos, García explicó que la CPE establece que ese tema es responsabilidad del estado en todos sus niveles de gobierno, por tanto no se estaría invadiendo competencias.
En cuanto a la priorización de recursos para la Agenda del Bienestar, estipulado en el artículo 7 del Decreto, García señaló que se llevarán adelante los proyectos enmarcados en la agenda y los proyectos estratégicos de continuidad, asimismo cuestionó a Gallardo por no haber realizado una lectura integra de la disposición del ejecutivo.
Comparación con el DS 21060
Tras la comparación del asambleísta Luis Pedraza, al Decreto departamental 017 con el Decreto Supremo 21060 ya que busca recuperar el sentido de autoridad frente a una Asamblea Departamental dirigida por el MAS. Por otro hay temor porque el documento podría derivar en la capitalización de las empresas públicas de Tarija.
El delegado de la Agenda del Bienestar, Oscar Farfán, refutó las comparaciones, empero remarcó que se busca introducir eficiencia en los servicios y una procion del capital privado, lo que es distinto a la privatización.
“De lo que se trata es de apoyar a las empresas públicas con capital, tecnología y eficiencia, lo importante es que el usuario tenga un servicio de calidad y de bajo costo”, detalló Farfán. (eP)