SHIRLEY. A. ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-sep 23/2016) La Defensoría del Pueblo en Tarija continúa sin un representante titular y legal, tras la salida de Gladys Sandoval. Las oficinas de la institución se encuentran cerradas con apenas cuatro funcionarios, y la única habilitada es la de comunicación. Los trabajadores que aún permanecen no pueden verter ninguna declaración ante los medios de prensa.
Sin embargo, de manera extraoficial se conoce que tres funcionarios más fueron removidos de sus funciones, a quienes les obligaron a hacer uso de sus vacaciones, mediante un memorándum que llegó aparentemente desde la ciudad de La Paz.
Durante la gestión de Sandoval se contaba con diez funcionarios entre asesores legales, investigadores, administradora, comunicadora y un chofer, sin embargo en la actualidad se cuenta con solo cuatro personas.
Preocupación institucional
La ausencia de un representante causó críticas por parte de directores, autoridades y población, especialmente de aquellos que esperan que sus denuncias avancen y no se queden paralizadas.
La directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Peky Rubín de Celis, lamentó que el departamento de Tarija se encuentre casi tres meses sin representante legal, y que el personal que quedó fue removido de su cargo.
“Ya no se cuenta con la experiencia que han desarrollado desde el inicio hasta la actualidad, lo que representa un punto a favor”, dijo Rubín de Celis.
Asimismo, sostuvo que no cuentan con personal estable y capacitado para atender las demandas de la ciudadanía, ya que la institución fue creada para defender los derechos del pueblo, por lo que considera de vital importancia contar con personal suficiente e idóneo con la población.
“Existen varios casos que ante diversas circunstancias se encuentran detenidos”, dijo Rubín de Celis.
Por otro lado, la directora del ECAM asegura que desde la Defensoría del Pueblo se hacía una investigación la que coadyuvaba a realizar un minucioso seguimiento para que los casos que son complejos puedan seguir su curso.
La secretaria de la Mujer y Familia de la Alcaldía de Cercado, Patricia Paputsakis, lamentó que la ausencia de un representante legal ocasione un posible archivo de casos, ya que no cuentan con personal idóneo, lo que pone en duda el normal desenvolvimiento del trabajo.
“A mí me llama la atención que hasta ahora no tengamos personas designadas”, dijo Paputsakis.
Asimismo, exhortó al Defensor del Pueblo, David Tezanos, a designar al próximo funcionario para que los ciudadanos no sientan que están siendo desamparados o sufran algún tipo de atropello por trabajadores de alguna institución.
Antecedente
Tres fueron los funcionarios retirados, dos de ellos son abogados y una comunicadora social, quienes este pasado martes 9 de agosto entregaron documentos a los trabajadores que permanecen en la Defensoría por un tiempo desconocido, ya que se desconoce cuál será su suerte.
El miércoles 21 de septiembre llegaron tres memorándums más para funcionarios de la institución quienes desconocen si regresaran o no a ocupar sus funciones, por lo que las peticiones de los ciudadanos se quedan en indefensión.
Ex trabajadores de la Defensoría se pronuncian
El abogado David López lamentó que por razones netamente políticas vayan a despedir a tres profesionales que cumplen servicios hace más de diez años, razón por la cual analiza su situación personal para tomar o no acciones al respecto.
“Ha sido la única vez que un funcionario del Defensor del Pueblo se presenta en Tarija y llega con tres memorándums”, sostuvo López.
El cesado asegura que los removidos fueron Sonia Martínez, Marco Romero y su persona, además de lamentar que el proceso de adecuación fue reservado y sin comunicar a nadie lo que le parece sospechoso.
“Ni los funcionarios que fueron destituidos en la ciudad de La Paz tenían conocimiento”, aseveró López.
Por su parte, el ex representante interino de la Defensoría del Pueblo, Marco Romero, lamentó que solo le hayan concedido dos días para que deje en orden toda la documentación sobre los casos que lleva adelante. “No querían darnos ni un día de plazo”, sostuvo Romero.
Romero lamentó que las decisiones superiores, vayan en contra de la institucionalidad, además que los más perjudicados son las personas que acuden a la Defensoría. (eP)