Aunque se habla en todos los medios de comunicación de la magra situación de la economía departamental, no es posible reflejar la preocupación por la inercia que se siente y vive sin visos de solución ni siquiera a mediano plazo. La sombra de los débitos automáticos ejecutados por el Gobierno Nacional inevitablemente nublan el horizonte, los innumerables compromisos asumidos en una anterior gestión limitan la presente ya que deberían ser cubiertos, pagados, para respirar tranquilos sin las cargas del pasado que permitan comenzar a construir un nuevo camino.
El Fondo Productivo y Social (FPS) a través de su Gerente Departamental, Rodrigo Ibáñez, ha dejado en claro que no busca ese mecanismo para lograr que la región pague una deuda de más de Bs. 33 millones, aunque cuestiona que la Gobernación no agilice los trámites para aprovechar el fideicomiso logrado de más de Bs. 74 millones que le permitiría cubrir el compromiso y evitar el procedimiento nombrado. Ojalá así sea y se pueda a la brevedad tener limpia esa cuenta. Pero por si eso fuera poco, resulta ahora que del proyecto del anillo energético en el marco del acoplamiento al Servicio Interconectado Nacional (SIN), según la información proporcionada, sólo se pagaron Bs. 30 millones de los Bs.185 que le corresponden a Tarija… al no haberse hecho los pagos respectivos y con el cumplimiento de plazos, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) advierte que podría rescindir el contrato y asumir medidas legales para lograr que paguemos lo que falta considerando que ya se tiene un avance físico del 85%. Es decir, casi debemos Bs. 150 millones en este otro tema. Y así suman los números y complican la gestión, claro que la Gobernación aún teniendo estas obligaciones comenzó a invertir el dinero en nuevos proyectos, acción cuestionada por personeros gubernamentales y hasta empresarios que sugieren primero terminar de pagar lo que está a medias y luego recién dar pie a proyectos nuevos.
Es cierto que estos compromisos los asumió otro gobernador pero se trata de un enfoque institucional y no personal, si quien hizo esto violó alguna ley se tendrá que investigar y sancionar. Mientras tanto no vemos una salida que no pase por tener que cumplir lo acordado o gestionar una ampliación de plazos o renegociar la deuda para tener más oxígeno y poder pagar obras de antes y encarar nuevas. Es fundamental que se haga el «lobby» necesario porque si no es así, el panorama se complica más aún.