(ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró el martes que la oposición política y mediática en el país pretende instalar una matriz de dudas sobre la muerte de cooperativistas mineros y el asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, y busca responsables por omisión y negligencia sobre esos decesos.
Quintana realizó esa afirmación en referencia a los mensajes difundidos por opositores en sus cuentas de Twitter sobre lo sucedido hace dos semanas.
«La oposición mediática haciéndole juego a la oposición política pretende instalar una matriz de dudas sobre las muertes», afirmó la autoridad y dijo que el «cartel de la mentira» retornó con la difusión de información distorsionada en contra del Gobierno.
El lunes, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció que la oposición busca desviar la investigación sobre el asesinato de Illanes, «para conspirar contra el Gobierno» del presidente Evo Morales.
Dijo que, en esos mensajes, difundidos por los líderes opositores Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, la diputada Jimena Costa, el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, el exdiputado Jaime Navarro y el exagente de Inteligencia, Carlos Valverde, se muestra una actitud «golpista y encubridora», que busca responsabilizar al ministro de Gobierno y Morales por las muertes registradas en el conflicto de las cooperativas mineras.
Ante ese hecho, Quintana, en entrevista con la Red Patria Nueva, manifestó que «la oposición pretende hacer creer que el Gobierno no ha reaccionado oportunamente y por lo tanto habría responsables por omisión y negligencia».
«Yo quiero señalar de manera categórica que hemos hecho todos los esfuerzos, y obviamente a la cabeza del Ministerio de Gobierno, para resolver este conflicto», aseguró el ministro de la Presidencia, quien en ese entonces formaba parte de la mesa de diálogo con los cooperativistas mineros.
El presidente Morales deploró el lunes la indolencia de la oposición y de algunos medios de comunicación, que buscan convertir a las víctimas de conflictos sociales en bandera política.