(ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló el domingo las múltiples aristas de una desbaratada intentona golpista en Bolivia que escondieron las violentas protestas generadas por mineros cooperativistas que saldaron el jueves último con el asesinato del viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes, y que apuntaban a cambiar el constitucional régimen económico en el país andino amazónico.
«Eso ya no es movimiento reivindicativo, es un movimiento conspirativo, político, golpista. No solamente está planteando una modificación estructural de la política económica del Estado referida a los recursos naturales», denunció Romero en declaraciones a la radio y televisión estatales.
A horas de que los despojos mortales de Illanes sean sepultados y poco antes de que el principal dirigente de la Fencomin, Carlos Mamani, sea enviado por un juez a una cárcel de máxima seguridad a 20 km de La Paz, el Ministro reveló detalles de la ominosa muerte de Illanes –flagelado antes de ser rematado a pedradas por sus captores, una horda de mineros cooperativistas, y también de una estratagema para matar, con explosivos dispuestos en lógica de campo minado, a policías, tal vez 200 según Romero, si los uniformados caían en la trampa y se emplazaban en un cerro donde se encontró pólvora, anfo y detonantes como volar un edificio de 30 plantas– dijo que se pretendía desatar una crisis política de proporciones en Bolivia, todo para validar 31 contratos con empresas extranjeras.
El plan, «conspirativo-golpista», como definió el gobierno de Evo Morales el fondo de los violentos cortes de ruta ejecutados por mineros cooperativistas o por cuenta propia, apuntaba a validar los 31 contratos con empresas extranjeras, suscriptos por capos cooperativistas, bajo la fachada de modificar la recentísima Ley de Minería, que fue propuesta y validada por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que agrupa a unos 200.000.
«Los cooperativistas mineros tienen 31 contratos suscritos con empresas privadas, que datan de antes de la actual Ley Minera, y pese a esa situación demandan mayores beneficios en desmedro del pueblo boliviano», desveló Romero.
Los contratos con privados foráneos, suscriptos por capos de la minería cooperativa a contrapelo de la Constitución, tienen una vigencia de 25 años y algunos, incluso, tienen carácter indefinido, los que no fueron conocidos y menos autorizados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Después de recordar que los principales dirigentes de Fencomin amenazaron hasta con tomar instituciones, si el Gobierno impedía la inserción de capitales extranjeros en sus explotaciones, el Ministro comparó la intentona de la semanas pasada y anteúltima, en desmedro de la principal carretera boliviana, con los alzamientos de 2008 y 2009 por grupos focales de ultraderecha, principalmente en la ciudad de Santa Cruz.
«El movimiento del cooperativismo y la amenaza de la toma de instituciones públicas hacen recuerdo al movimiento cívico separatista denominado «Media Luna», que a través de la violencia y el uso de la fuerza intentaron desmembrar el oriente del occidente de Bolivia», deploró la autoridad boliviana.
De manera hasta altisonante e irreverente con la autoridad constituida, la Fencomin planteó, en la orilla de la intransigencia, la modificación estructural de la política económica para que bajo la fachada de cooperativas ingresen las empresas privadas transnacionales a explorar las áreas mineras asignadas a cooperativas gozando de las liberalidades, facilidades y ventajas, dijo Romero.
Los mineros cooperativistas bolivianos reconocen el pago de impuestos subeconómicos y no regalías, pese a explotar sus yacimientos con métodos arcaicos que implican el uso indiscriminado de explosivo y hasta de mercurio.
«Se intentaba apropiarse de las utilidades y excedente económico del pueblo boliviano para pequeños grupos, empresas privadas extranjeras afectando en esencia la Constitución que declara que los recursos naturales es propiedad de bolivianos», enfatizó el Ministro.
Detalló que el plan conspirativo de «connotación golpista» constaba de siete ejes de planificación, entre esos, mencionó organización de la movilización, definición de la consigna, elección del escenario de operaciones (trincheras y puntos de abastecimiento de explosivos), financiamiento, logística y suministro de un arsenal de armas letales para provocar graves daños, incluso cientos de bajas (la muerte de personas).
Dijo que la conspiración contaba con una suerte de estado mayor bajo la dirigencia de la Fencomin, asesores y abogados, entre los que identificó a Jaime Zambrana Mercado, Mirtha Quevedo, Freddy Ontiveros e Iván Paredes.
Romero hizo notar que en calidad de manifestante, uno de los 4.000 mineros que accionaron las localidades de Panduro y Belén, donde ajusticiaron a Illanes, fue detenido la semana pasada con divisas extranjeras, miles de bolivianos y cheques por montos altos también en dólares.