Miguel Carvajal
La Ley Marco de Autonomías define que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en coordinación con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborará una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal, en un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, ese tiempo se ha cumplido con mucha holgura (30 de junio de 2014 se presentó los resultados oficiales), se esperaba que el Gobierno presente la propuesta técnica como máximo hasta el 31 de diciembre de 2014, lamentablemente ya pasaron 1 año y 8 meses del plazo máximo.
Con la huelga de hambre del Gobernador de La Paz, la petición de Rubén Costas, sugiriendo el pacto fiscal determine que el gobierno central sólo administre el 50% coparticipación tributaria, además de la iniciativa de varios colectivos; el debate del pacto fiscal nuevamente esta en agenda nacional en un contexto de disminución de los recursos económicos.
¿Por qué plantear un nuevo pacto fiscal?: Fundamentalmente por dos motivos; el primero relacionado con el manejo de los recursos, por ejemplo coparticipación tributaria; actualmente el Gobierno central maneja 88% de esos recursos y sólo el 12% se distribuye entre los 339 municipios del país, entre las universidades públicas y cero porciento para las gobernaciones y los pueblos indígenas; el segundo motivo está relacionado con el sistema de financiación de las autonomías sean estas Municipales, Regionales o Departamentales. Está claro que con pocos recursos es difícil profundizar las autonomías.
La cuestión básica para encarar la discusión del pacto fiscal desde la capital de la sonrisa debería ser: Por ningún motivo debe de aceptarse una reducción de los ingresos, por eso importante que las instituciones y los colectivos aúnen esfuerzo para encontrar una propuesta de distribución que le convenga a los habitantes y estantes del Departamento. Lastimosamente en Tarija el actual escenario de divisiones y reivindicaciones, no es el más propicio para encarar la discusión del pacto fiscal; antes deberíamos realizar una pacto social, y luego explorar diversas posibilidades hacia un pacto fiscal beneficio para todos.
Así mismo los indicadores de referencia para iniciar la discusión del pacto, no son muy auspiciosos para el Departamento; somos el 3er departamento menos poblado, tenemos la extensión de territorial más pequeña, según el último Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2015 disponemos de buenos nivel de desarrollo humano, nuestros grados de pobreza son bajos respecto de otros departamentos, el ingreso por habitante (PIBpc) es el más alto del País: Está claro que si tomamos como criterios los indicadores mencionados no beneficiarían a Tarija; entonces deberíamos centrarnos en plantear una distribución ponderada que además de recoger los criterios mencionados, también introduzca las compensaciones medioambientales por la explotación del gas y el petróleo, además deberíamos buscar la manera de introducir el criterio de productividad (por qué no darle más plata a los que son más productivos), también buscar introducir algún criterio de bienestar de la población que son los beneficiarios de los recursos públicos (más recursos para las entidades autónomas que generan más felicidad para sus habitantes). Otras soluciones mixtas consistirían en criterios que incorporasen tanto variables de necesidad de gasto como de capacidad económica, donde además de la población se tenga en cuenta otros indicadores como los flujos migratorios, la tasa de desempleo, la superficie, la dispersión territorial de los habitantes, la inversa de la renta por habitante y la distancia a la capital política del País.
Finalmente, cabe señalar tres aspectos. Primero, que el potencial pacto fiscal estará condicionado por la situación económica del País y sus departamentos y por las diferencias de desarrollo entre las mismas. Segundo, la ponderación de las variables en la fórmula de distribución del pacto fiscal debería seguir criterios de simplicidad y de coherencia con estudios que analicen la correlación de dichas variables con el objetivo del pacto. Y tercero, es importante escoger unos indicadores que permitan un recalculo lo más automático posible de la fórmula para revisar periódicamente la distribución de los recursos.