MARÍA JOSÉ OLIVA G. /BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico-agosto 16 /2016 )El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA) Mauricio Lea Plaza informo ayer que la bancada de UDA propondrá una nueva reducción de gastos dentro de la Asamblea Legislativa Departamental de aproximadamente un 40 por ciento respecto a la actual gestión.
En este contexto, Lea Plaza manifestó que el Ejecutivo departamental debería hacer un saneamiento y un ajuste pertinente de la cartera de proyectos en continuidad, resaltando que habrá que dejar determinados proyectos los cuales fueron postergados, de igual manera subrayó que habrá que ver los convenios que cuentan con el apoyo del Gobierno nacional.
“En el marco de los determinados proyectos que tengan el apoyo del Gobierno nacional, la Asamblea Departamental tiene mucho que ver porque es la que finalmente aprueba o en algunos casos rechaza estos convenios“, dijo Lea Plaza.
El asambleísta argumentó que la mayoría de los convenios no están debidamente aprobados por la Asamblea Departamental, en este punto acentuó que tambien tienen que buscar otras alternativas y por lo tanto tomaron la decisión de ajustar el presupuesto en un 20 por ciento aunque considera que lo ideal sería ajustar dicho presupuesto en un 40 por ciento.
“Si de 30 millones de bolivianos que fue el presupuesto de este año de la Asamblea, le sacamos un 40 por ciento serían al menos 12 millones de bolivianos los cuales deberían de reducirse en la Asamblea, por lo tanto esto le toca a todos y ahora la Asamblea tiene que ajustarse a la nueva realidad económica “, dijo Lea Plaza.
Por su parte el Asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) Ervin Mancilla puntualizó que una mayor reducción en torno al presupuesto dentro de la Asamblea Departamental sería un acto irresponsable debido que la fiscalización y la legislación serían gravemente perjudicadas tras esta determinación.
“El presupuesto ya fue reducido en un 20 por ciento y por ende proponer otro ajuste más seria tener poca responsabilidad y poca seriedad, y por consecuencia se quitaría la fiscalización, la coordinación con los municipios”, dijo Mancilla.
En este sentido Mancilla aseveró que el techo presupuestario da las acciones que se deben realizar las acciones que se deben realizar con todos los proyectos que se tienen priorizados en el departamento.
“Tal vez el techo no sea en gran magnitud como en anteriores gestiones pero si se da un nuevo techo presupuestario se tiene que realizar a base de una nueva planificación “, apuntó Mancilla.
Por otro lado, en una conferencia de prensa realizada el día de ayer en el Salón Rojo en el Secretario de Finanzas de la Gobernación, Sergio Nieva, informó que el pasado viernes de manera oficial del Ministerio de Economía hizo conocer los techos presupuestarios para la gestión 2017. En este sentido, manifestó que el porcentaje de disminución es del 20% con relación a la gestión 2016.
Nieva indicó que el año 2014 alcanzaron casi los 4 mil millones de bolivianos, el año 2015 era 2.800 millones de bolivianos, para el año 2016 son 1800 millones de bolivianos, y para la gestión 2017 se prevé contar 1.400 millones de bolivianos, lo cual provocó un retroceso de más de 10 años de lo que recibía el departamento de Tarija porque no supera lo que recibía el año 2006.
“Eso significa que se reciben cada vez menos recursos, y se debe ajustar la organización y la priorización de obras para adecuarnos en la realidad económica -dijo Nieva-. No hemos recibido el Plan Operativo Anual (POA) de la Asamblea Departamental para la gestión 2017, todas las demás ya enviaron”.
De igual manera señaló que posteriormente se enviará al Ministerio de Economía el Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno departamental el 4 de septiembre como establecen las normas. Sin embargo, los equipos trabajan para readecuar la estructura de la Gobernación y una nueva escala salarial.
Asimismo, el secretario de Planificación, Karim Leytón, explicó que se perdieron mil millones de bolivianos entre las gestiones 2015 y 2016 y se perderán otros 400 millones entre la gestión 2016 y 2017.
“Eso afecta a la inversión pública porque no se pueden financiar -aseguró Leytón-. Se busca establecer la manera de distribuir los recursos, primero pagar los proyectos concluidos y los que tienen más alto nivel de avance”. (eP)